Baleares exprime sus edificios y consigue 2.028 viviendas a base de convertir locales, dividir pisos y ganar altura

Un local comercial que llevaba años sin vender nada puede convertirse en una casa. Una vivienda de grandes dimensiones puede dividirse para que de ella salgan dos. Donde un edificio terminaba en una azotea puede aparecer una planta más y unas dependencias que hasta ahora tenían otro uso pueden pasar al mercado residencial. Baleares ha recurrido durante los dos últimos años a este tipo de operaciones para ganar vivienda sin esperar siempre a que aparezca un solar, se tramite una promoción y se construya desde cero. El resultado son 2.028 nuevas viviendas, según los datos difundidos por la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini).

La cifra permite hacer una primera radiografía de una política que ha buscado casas también dentro de la ciudad ya construida. No existe una única procedencia para esas 2.028 unidades. Hay reconversiones de locales, divisiones de viviendas, incrementos de altura y cambios de uso, además de otras posibilidades abiertas para transformar inmuebles. En unos casos significa aprovechar metros cuadrados que habían perdido su función anterior; en otros, aumentar el número de hogares que caben en un edificio que ya estaba levantado. Todas las viviendas obtenidas mediante estas fórmulas están reservadas para residentes y sometidas de forma permanente a precios limitados por ley, según Abini.

La solución, aún lejos

Dos mil veintiocho, sin embargo, no dan para resolver el problema. El propio presidente de la asociación, Daniel Arenas, lo admite. «Estas 2.028 viviendas no van a resolver por sí solas el problema de Baleares». Su argumento es que el interés de la cifra está en otro lugar: demuestra que determinadas modificaciones normativas permiten sacar al mercado residencial viviendas que, sin ellas, probablemente no existirían. «Cada vivienda que conseguimos incorporar al mercado residencial cuenta», sostiene. Abini considera que durante los últimos cuatro años se ha conseguido generar y movilizar más vivienda para residentes que durante muchos de los ejercicios anteriores.

La comparación que propone Arenas tiene que ver con el tiempo. Baleares no empezó a tener un problema de vivienda hace cuatro años ni lo tendrá resuelto dentro de los cuatro siguientes. La asociación calcula que las Islas arrastran un déficit generado durante más de una década, años en los que la vivienda disponible no creció al mismo ritmo que las necesidades de la población. Esa distancia acumulada es la que ahora resulta difícil recortar. «Nadie puede solucionar en cuatro años un problema que lleva acumulando déficit durante más de una década», afirma Arenas, que reclama planificación, inversión y seguridad jurídica, pero sobre todo continuidad entre legislaturas.

En medio están quienes necesitan una casa ahora. Abini señala especialmente a los jóvenes. Para ellos, la falta de vivienda disponible se cruza con los precios y convierte la emancipación en un problema que va bastante más allá de elegir barrio o calcular qué parte del sueldo puede destinarse al alquiler. El objetivo que plantea la asociación es que un residente pueda desarrollar su proyecto de vida en Baleares y defiende que esa condición —ser residente— siga determinando quién debe beneficiarse prioritariamente de las políticas públicas de vivienda durante las próximas legislaturas. «La eficiencia en la gestión y el respeto al marco jurídico serán fundamentales para alcanzar la velocidad que requiere este enorme reto», señala.

El techo

La transformación de inmuebles existentes ofrece una parte de la respuesta, aunque tiene un techo evidente. No todos los locales pueden convertirse en casas, no todas las viviendas admiten una división y tampoco todos los edificios pueden crecer. Si Baleares pretende reducir el déficit acumulado, Abini sostiene que tendrá que sumar vivienda nueva a las 2.028 obtenidas mediante estas vías. Eso significa construir, aumentar el parque protegido y asequible y disponer de suelo en el que hacerlo. Al mismo tiempo, la asociación pide facilitar la rehabilitación de edificios y continuar permitiendo transformaciones allí donde las condiciones urbanísticas lo hagan posible.

La asociación quiere, por tanto, que las 2.028 viviendas se lean como un comienzo y no como un balance cerrado. Si el déficit se ha formado durante más de diez años, su planteamiento es que también harán falta años de producción continuada para reducirlo. Una legislatura puede aprobar normas, desbloquear proyectos o permitir que determinados inmuebles cambien de uso, pero sus efectos no siempre coinciden con el calendario electoral. De ahí que Arenas insista en mantener durante los próximos cuatro años las medidas que considera que han funcionado y prolongarlas después.