La caída de un albañil a un pozo de 40 metros sigue pasando factura: el TSJIB confirma que su baja es laboral

Cinco años después de precipitarse a un pozo de unos 40 metros de profundidad mientras trabajaba en una obra de Menorca, un albañil ha ganado una nueva batalla judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado que las bajas médicas que inició en 2023 tienen su origen en aquel espectacular accidente laboral de 2018 y no en una enfermedad común, como defendía una conocida mutua. Para los magistrados, el tiempo transcurrido no rompió la relación entre el siniestro y las nuevas dolencias, sino que fue precisamente el trabajo desarrollado durante esos años el que terminó agravando las secuelas.

El accidente ocurrió el 2 de febrero de 2018. El trabajador, empleado de una empresa constructora, cayó a un pozo de aproximadamente 40 metros de profundidad que todavía contenía agua. La caída le provocó una grave lesión en el hombro derecho y agravó una patología degenerativa lumbar que ya padecía. Dos meses después tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reparar una rotura completa de los tendones del hombro y permaneció de baja hasta agosto de ese mismo año, cuando recibió el alta médica y regresó a su puesto como albañil.

La aparente recuperación sirvió de base a la estrategia de la mutua, que sostenía que el trabajador había podido desempeñar su profesión con normalidad durante cinco años y que las dolencias que motivaron las nuevas bajas en 2023 respondían exclusivamente a un proceso degenerativo, sin ninguna relación con el accidente sufrido años antes. También alegó que diagnósticos como la ansiedad o la lumbalgia no podían atribuirse a un siniestro ocurrido tanto tiempo atrás.

Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Social de Ciutadella como ahora el TSJ han rechazado esa tesis. La Sala considera acreditado que el accidente dejó el hombro del trabajador en una situación de especial fragilidad y que los esfuerzos propios de la albañilería —levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y trabajos físicos continuados— fueron deteriorando progresivamente una articulación que nunca volvió a ser la misma tras la cirugía.

La médico forense, la clave

La sentencia concede especial relevancia a la declaración de la médico forense que intervino en el procedimiento. Durante el juicio explicó que, aunque el trabajador recuperó movilidad suficiente para reincorporarse a su empleo, el hombro quedó «intervenido» y con una biomecánica distinta a la de una articulación sana. Según su criterio, el trabajo diario durante cinco años fue desgastando esa lesión hasta desencadenar las nuevas bajas médicas. Para los magistrados, precisamente ese periodo de actividad laboral demuestra que el accidente nunca dejó de tener consecuencias y que las secuelas evolucionaron con el paso del tiempo.

La resolución recuerda que la Ley General de la Seguridad Social considera accidente de trabajo no solo la lesión sufrida en el momento del siniestro, sino también el agravamiento de enfermedades o patologías previas cuando existe una relación directa con el accidente laboral. En este caso, el TSJB entiende que la caída al pozo transformó una patología degenerativa prácticamente asintomática en una lesión grave que requirió cirugía y que el esfuerzo continuado como albañil aceleró el deterioro hasta provocar una nueva incapacidad temporal.

Los magistrados también desmontan otro de los argumentos de la mutua: que el alta médica de 2018 acreditaba una curación completa. La sentencia señala que recibir el alta únicamente permitía la reincorporación al trabajo, pero no significaba que el hombro hubiera recuperado las condiciones de una articulación sana. De hecho, considera acreditado que la intervención quirúrgica dejó una zona especialmente vulnerable al desgaste derivado del ejercicio de la profesión.