La última ocurrencia de la izquierda balear: quiere prohibir la compra de segundas residencias a los propios isleños

PProhibir, prohibir, prohibir. La izquierda balear (PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca) está a favor de vetar la compra de segundas residencias a los propios residentes isleños. Según sus postulados, «la gente de aquí no puede comprarse ni la primera», por lo que ponen el foco en «las segundas». la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado portazo a la propuesta este martes en el Parlament. La popular ha dejado bien claro que su Ejecutivo estudiará todas las propuestas que deriven de Bruselas y de la Ley de Vivienda Asequible, que contempla, entre otras medidas, limitaciones a la adquisición de segundas propiedades. Pero Prohens marca la línea roja: los residentes, no. Un palmesano, por ejemplo, podrá comprarse un piso en Mahón; un vilero, en Santa Gertrudis, y así siempre, todo lo que el archipiélago dé de sí. Cuestión distinta serían los no residentes.

El viernes pasado saltó el primer titular. Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo, aseguraba que el Govern estaría dispuesto a analizar la propuesta europea para limitar la compra de segundas residencias a no residentes. El lunes, en cambio, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, matizaba el alcance. «No me cabe en la cabeza que un mallorquín no pueda comprarse una segunda vivienda». Y la presidenta ha puesto la guinda este mismo martes en sede parlamentaria: «Aplicaremos aquellas medidas jurídicamente viables y efectivas para frenar la crisis habitacional, pero sólo analizaremos las propuestas que prioricen sí o sí a la gente de aquí».

Bruselas abre una puerta hasta ahora cerrada

El debate viene esta vez de más arriba, de Bruselas. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un proyecto de Ley Europea de Vivienda Asequible que abre la puerta a intervenir en territorios donde el precio de la vivienda se haya disparado en relación con los ingresos de sus habitantes y señala expresamente a las islas y los destinos turísticos entre aquellos lugares donde la presión residencial puede alcanzar niveles especialmente graves. Conviene subrayarlo: es todavía un proyecto, no una norma aprobada, y deberá superar la negociación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, pero en una comunidad tan sedienta de vivienda como Baleares, cualquier resquicio jurídico que permita adoptar medidas hasta ahora difíciles de encajar en el derecho comunitario se recibe como agua de mayo. Ahí está la grieta por donde la izquierda quiere colar humo: una familia, una casa. Nada de segundas residencias, que suena a rico.

Bruselas contempla que, bajo determinadas condiciones, puedan imponerse restricciones a la adquisición o utilización de viviendas que no vayan a destinarse a residencia habitual cuando se demuestre que esos usos perjudican significativamente el acceso a la vivienda, y el vicepresidente ya dijo, con su habitual pragmatismo que «serán bienvenidas todas aquellas medidas que favorezcan el acceso a una vivienda». Eso sí, a los mallorquines, ibicencos, formenterenses y menorquines -els d'aquí, como repite machaconamente este Govern-ni tocarlos.

«Los de aquí«, puntualizó el portavoz socialista en el tira y afloja parlamentario- »no pueden comprarse ni la primera». La presidenta devolvió el golpe mirando a los ocho años de gobiernos de Francina Armengol, de los que Negueruela fue uno de los principales puntales: «Quizás si ustedes hubiesen hecho algo en sus ocho años de gobierno, no estaríamos así».

La «gran» expropiación de Armengol

Porque hacer, se hizo algo, pero los resultados cantan. Con los precios ya desbocados, el Govern de PSOE, Podemos y Més llegó a presentar como medida estrella —y pionera en España— la expropiación temporal durante siete años de viviendas vacías de grandes tenedores para incorporarlas al parque de alquiler social. El anuncio tuvo números de titular: la friolera de 56 viviendas que iban a salir, en palabras del propio Ejecutivo, del «mercado libre especulativo» para ponerse en manos de quienes más las necesitaban. Ideología por delante de pragmatismo.

Pero es que, además, no sirvió de nada. La realidad fue bastante más modesta. Apenas tres meses después, 19 de aquellas 56 viviendas tuvieron que salir del expediente, entre otros motivos porque algunas carecían de cédula de habitabilidad o porque sus propietarios habían iniciado procesos de venta o alquiler. Otras diez acabaron siendo compradas por el Govern en lugar de expropiadas. De las 56 expropiaciones anunciadas inicialmente, el procedimiento de cesión temporal quedó reducido así a 27 viviendas, y ni siquiera esa cifra era definitiva: cinco grandes tenedores habían presentado ofertas de venta que podían reducir todavía más el número.

Un 'bluf' de la izquierda al que ahora se suma otro 'bluf' én contra de su propia ciudadanía. Vivienda e inmigración, claves para las elecciones de 2027.