Vista de las cajas de las botellas intervenidas de vino falso menorquín.
El «vino de Menorca» que en realidad venía de la Península: intervienen 142 botellas por presunto fraude
Una inspección en un restaurante destapó el origen real del producto y llevó hasta un distribuidor local: las sanciones pueden alcanzar los 60.000 euros
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, dependiente de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido un total de 142 botellas de vino en Menorca por un presunto fraude relacionado con la información sobre el origen del producto.
La inspección se inició en un restaurante de Menorca, donde se comprobó que en la carta del establecimiento se presentaba como vino de Menorca un producto que, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se constató que se elaboraba en la Península. Dado que las botellas inmovilizadas en el restaurante procedían de un distribuidor local, el Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria amplió la inspección a este distribuidor. En total, las dos actuaciones han permitido intervenir un total de 105 botellas de vino blanco y 37 de vino tinto.
El conseller del ramo, Joan Simonet, ha señalado que «defender el producto local también implica actuar ante operadores que se aprovechan de los nombres geográficos de Baleares de manera ilícita y perjudican a nuestros productores». En este sentido, ha remarcado que continuarán trabajando para que el consumidor pueda tener garantías sobre el origen de los productos que compra o consume y para que los productores locales compitan en condiciones justas.
Competencia desleal
Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que los controles sirven para detectar situaciones irregulares y garantizar que la información que llega al consumidor sea clara y veraz, «además de defender los intereses legítimos de nuestros productores ante la competencia desleal que suponen estos productos».
Según han explicado, cuando detectan posibles irregularidades, amplían las comprobaciones necesarias para conocer el origen del producto y evitar que se siga comercializando con una información errónea.
La normativa en materia de calidad agroalimentaria tiene como uno de sus principales objetivos garantizar una información correcta al consumidor y proteger a los operadores que cumplen las exigencias establecidas.
De este modo, han destacado que los posibles incumplimientos detectados durante las actuaciones de inspección pueden dar lugar a la apertura de los correspondientes expedientes administrativos y, en su caso, a las sanciones previstas en la normativa vigente. En el caso de las infracciones graves, las sanciones van desde los 3.000 euros hasta los 60.000.
