La 'delfín' de Armengol propone comprar pisos a «fondos buitre» en plena 'resaca' Montse Mínguez

Hace diez días, la entonces portavoz nacional del Partido Socialista, Montse Mínguez, dimitió tras aflorar las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja. Una de las mayores 'sanchistas' quedaba fuera de juego por un gol en propia puerta, justo cuando estallaba la tormenta política de 'Maricarmen'. Días después de aquel adiós, la todavía secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez (más centrada en su papel de candidata al Govern balear tras ser digitada por Francina Armengol) compareció este lunes para desgranar la receta socialista frente al drama de la vivienda en Baleares. Uno de sus puntos pasa por adquirir inmuebles a los fondos buitre, bien mediante expropiación de uso, bien bajo el derecho de tanteo y retracto, con el Govern como agente prioritario. «Hacemos una propuesta que es comprar pisos vacíos, comprar pisos a los fondos buitres, como ya hicimos en el pasado», ha afirmado este lunes la próxima rival de Prohens en las elecciones autonómicas.

De este modo, los socialistas quieren resucitar una fórmula que el Ejecutivo de Armengol puso en práctica desde que entrase en vigor su ley de vivienda, en el año 2018, y que en visto de los resultados se reveló como un auténtico bluf y que supone destinar dinero público a los grandes tenedores. Alimentar, en definitiva, a aquellos que los socialistas critican.

La iniciativa estuvo rodeada de polémica desde su aprobación y acabó en los tribunales por los recursos de los grandes propietarios afectados. Aunque la Justicia avaló la actuación de la Administración, buena parte de los inmuebles inicialmente identificados quedaron fuera del procedimiento después de que sus propietarios se apresuraran a venderlos o alquilarlos, es decir, espantó al mercado.

El bluf de la 'expropiación' y el fantasma Mínguez

Tanto, que de las 56 viviendas previstas inicialmente, el Govern terminó haciéndose con el uso temporal de 16. Dieciséis pisos en una comunidad en la que entonces residían 1,1 millones de habitantes.

Para aquel primer paquete de inmuebles, el Ejecutivo autonómico había previsto un desembolso de 1,8 millones de euros, con cargo a las arcas públicas. La fórmula contemplaba una «compensación» a los grandes tenedores de 391 euros mensuales de media por vivienda, una cantidad considerablemente inferior a los 624 euros de alquiler medio mensual que recogía entonces el índice de referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para Baleares.

Ni aún así. Sólo 16. Pues bien, los socialistas baleares han tenido a bien resucitar aquel fracaso y venderlo en su decálogo de medidas contra la emergencia habitacional.

Y por si fuera poco, lo hacen en un momento especialmente delicado para los socialistas. Apenas diez días han pasado desde que Montse Mínguez se viera obligada a dar un paso atrás como portavoz nacional del PSOE después de que salieran a la luz los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez, propietario de decenas de viviendas en alquiler y señalado por haber desahuciado a inquilinos. Un escándalo que afloró la hipocresía socialista ante un tema del que estaban (están) haciendo bandera, como es la vivienda. La propia Mínguez reconoció que su novio era un «gran tenedor», aunque trató de quitar hierro al asunto alegando que se trataba de una empresa familiar que cumplía con la legalidad. La polémica, sin embargo, terminó por cobrarse su puesto en la dirección socialista.

Con ese precedente todavía caliente, el PSIB-PSOE parece funcionar como una isla dentro de la organización nacional. Lejos de tomar distancias con los grandes propietarios inmobiliarios en plena resaca del caso Mínguez, los socialistas baleares plantean ahora recurrir a ellos para ampliar el parque público de vivienda, y no precisamente a través de una cesión gratuita sino pagando a los fondos buitre por sus inmuebles.