Palma lleva a los tribunales a la Delegación del Gobierno y exige prohibir la acampada de la plaza de España

El Ayuntamiento de Palma ha decidido llevar a los tribunales a la Delegación del Gobierno para impedir una nueva acampada en la plaza de España. El Consistorio ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Administración estatal y ha solicitado como medida cautelar la prohibición del asentamiento, al considerar que podría constituir un fraude de ley y una apropiación indebida del dominio público municipal.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, ha anunciado este viernes la decisión y ha acusado a la Delegación del Gobierno de legitimar la ocupación de espacios de titularidad municipal sin contar con el Ayuntamiento, vulnerando así los principios de lealtad institucional y autonomía local.

El conflicto se remonta al pasado 28 de septiembre, cuando la plaza de España fue ocupada por una acampada que, según el Ayuntamiento, superó tanto las condiciones como el plazo inicialmente comunicados por sus promotores a la Delegación del Gobierno.

Ante esta situación, Cort reclamó reiteradamente la intervención de la Administración estatal para poner fin a una ocupación que, según sostiene, impedía el uso normal de uno de los espacios públicos más transitados de Palma.

Finalmente, el 4 de noviembre, el Ayuntamiento procedió a retirar las tiendas de campaña y los elementos instalados en la plaza, en aplicación de las ordenanzas municipales de Ocupación de Vía Pública y Cívica. La actuación había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno.

Nueva convocatoria

La Asesoría Jurídica municipal apreció posibles vías de hecho en la tramitación de dos comunicaciones previas para ejercer el derecho de reunión, presentadas ante la Delegación del Gobierno los días 27 de septiembre y 30 de octubre. Por este motivo, el 10 de noviembre el Ayuntamiento acordó requerir formalmente a la Administración General del Estado que pusiera fin a estas actuaciones.

Sin embargo, apenas un día después, el 11 de noviembre, la Delegación del Gobierno remitió al Consistorio una nueva comunicación para instalar un número indeterminado de tiendas de campaña en la plaza de España, amparándose nuevamente en el derecho de reunión.

Según los servicios jurídicos municipales, esta comunicación, atribuida al promotor de la primera concentración, no justificaba suficientemente la urgencia de la convocatoria y volvía a omitir la audiencia al Ayuntamiento.

Cort considera que esta actuación supone una vulneración de la autonomía municipal y de los principios de lealtad institucional, por lo que ha decidido acudir a la vía judicial y solicitar la prohibición cautelar de la acampada.

Derecho de reunión vs ocupación

Bauzá ha insistido en que el Ayuntamiento respeta plenamente el derecho de reunión y manifestación, pero ha advertido de que este derecho no puede utilizarse para mantener ocupaciones indefinidas del espacio público al margen de las ordenanzas municipales.

«No estamos, por tanto, ante una cuestión que afecte al legítimo ejercicio del derecho de reunión, que el Ayuntamiento respeta y garantiza. Estamos ante una situación que pretende utilizar ese derecho como instrumento para justificar una apropiación indebida del espacio público, al margen de la normativa municipal», ha afirmado.

El teniente de alcalde ha puesto especialmente el foco en la actuación de la Delegación del Gobierno, a la que reprocha que esté legitimando asentamientos en terrenos municipales sin contar con la institución responsable de su gestión.

En este sentido, ha recordado que la plaza de España es un espacio de titularidad municipal y ha advertido de que la Administración estatal no puede atribuirse competencias sobre su utilización al margen del Ayuntamiento.

«El derecho de reunión y manifestación no puede convertirse en un instrumento para justificar ocupaciones indefinidas del espacio público ni para situarse al margen de la legalidad y de las ordenanzas municipales», ha reiterado.

Falta de colaboración del Gobierno

Bauzá también ha lamentado la falta de colaboración institucional por parte de la Delegación del Gobierno, una actitud que ha contrapuesto a la coordinación que, según ha destacado, existe habitualmente entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.

En este sentido, ha recordado que la Delegación del Gobierno denegó este jueves el apoyo solicitado a la Policía Local de Palma, un episodio que ha contribuido a agravar el enfrentamiento entre ambas administraciones.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha defendido que la actuación judicial responde exclusivamente a la necesidad de proteger los intereses de los vecinos y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

«La defensa del espacio público, de la autonomía municipal y del interés general de Palma es una obligación de este Ajuntament», ha concluido Bauzá para justificar la presentación del recurso contra la Delegación del Gobierno.