La Policía Nacional y la Guardia Civil se manifiestan en Toledo contra el Gobierno por las cesiones a Cataluña

Decenas de agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil se han concentrado este miércoles ante la sede temporal de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en Toledo, para protestar contra la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña.

Convocados por la Plataforma Jubilación Digna-Equiparación Salarial, que engloba a entidades y sindicatos, la movilización ha sido convocada en paralelo a concentraciones celebradas ante las delegaciones de Gobierno de todo el país.

«Cesiones ilegales»

El secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Toledo y portavoz de la Plataforma de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Daniel Timón, ha afirmado que se trata de «cesiones ilegales desde el punto de vista constitucional y de ley orgánica, puesto que compete a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado la vigilancia del control y el acceso a través de las fronteras del Estado».

En este sentido, ha afirmado que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son exclusivamente la Guardia Civil y la Policía Nacional», negando que se engloben en esta categoría cuerpos autonómicos como «los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza», de los que ha afirmado que «son tan dignos trabajadores como los demás» pero subrayando que no son cuerpos adscritos al Ministerio del Interior.

Sánchez «ha mentido y miente»

Timón ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha mentido y miente» cuando afirma que «los Mossos d'Escuadra forman parte de la fuerza de defensa del Estado».

El representante de la AUGC ha señalado que la cesión «perjudica a los miembros de las instituciones, la Guardia Civil y policías que tienen su vida hecha allí, que desaparecen esos puestos de trabajo». Además, ha argumentado que supone un agravio comparativo a la ciudadanía de las distintas regiones, más allá de los perjuicios para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha responsabilizado al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de tenerlos «abandonados en medios», así como «en competencias y en sueldos».