Castilla-La Mancha se reinventa con un «raro» acuerdo entre PSOE y PP

Castilla-La Mancha es tierra de acuerdos en el hostil marco político español. Una isla paradisíaca en ese sentido, imagen que contrasta con otra desértica que se asimila a los grandes problemas de la Comunidad, como la despoblación.

Lo han dicho PP y PSOE. PSOE y PP. Castilla-La Mancha es tierra de consensos y con el nuevo Estatuto de Autonomía van a dar fe de ello el próximo 29 de mayo, tras el debate en las Cortes regionales y de cuya aprobación solo se ha desmarcado Vox, la tercera fuerza política.

La anuencia proviene de unos principios comunes que no existen en el resto de las regiones españoles. Hay un sustrato colectivo más allá de las diferencias ideológicas que en el resto de España se presentan mayormente insalvables, sin ir más lejos entre el Gobierno central y la oposición.

Igualmente entre el PSOE y el PP, que en el caso de los socialistas no es el mismo partido. El PSOE de Page es un dolor constante (aunque no demasiado grave su afectación), para el PSOE de Sánchez. El caso contrario al PP de Núñez y al PP de Feijóo, quienes el pasado lunes escenificaron en Madrid su aquiescencia mutua sin fisuras.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se acerca con la vitola de un hito sin precedentes en la historia de la región y de España, aunque habrá que esperar un año de tramitaciones en las dos Cámaras para que sus nuevas direcciones se puedan tomar.

Quizá la reforma más conocida es la de la ley electoral, escenificada mayormente en la ampliación del número de diputados en las Cortes. El PP asintió, pero con las condiciones de que no se aplicará hasta la siguiente legislatura (es decir, los 33 diputados actuales permanecerán hasta 2031) y después sí, pero siempre que haya un acuerdo de tres quintos de la Cámara.

El PSOE lo propuso, el PP se negó de primeras, dio sus condiciones, el PSOE las aceptó y... acuerdo al canto. Todo un ejemplo de la «rareza» del clima político castellanomanchego en la España de la polarización sin solución.

Y por supuesto hay más y menos conocido dentro de un Estatuto que no despierta demasiado fervor por el atávico poco o nulo sentimiento regionalista de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, mayormente, además de por la imprecisión de sus bondades, que no calan. Su importancia principal podría decirse que radica en la especialidad de su consenso más que en sus reformas consensuadas que diseñan un nuevo tablero en el que la gente no juega directamente.

El nuevo reglamento reconoce oficialmente la despoblación de su territorio, reconocimiento de inciertas consecuencias, como el reconocimiento de la gestión sostenible y justa del agua, sin implicaciones de primer orden.

También hay un nuevo reconocimiento de la ciudadanía castellanomanchega y también la introducción de las consultas populares autonómicas, entre otras quizá mayores concreciones que, en cualquier caso, no parece que vayan a cambiar la vida de los castellanomanchegos más allá de un consenso político ideal de algún modo intrascendente (sin restar el mérito debido) en comparación a donde sería absolutamente trascendente.