Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz en el Congreso
El Gobierno multa a un empresario por trabajar en su propia empresa
Inspección de Trabajo ha sancionado además con la cuantía máxima al propietario (7.500 euros) basándose solo en el testimonio de los huelguistas, los responsables de que el dueño tuviera que ponerse a trabajar para salvar su negocio
Está sucediendo en Torija, en Guadalajara, desde febrero. Fue cuando los empleados de una gasolinera situada en la A-2 a su paso por la localidad exigieron al propietario una mejora sustancial en sus condiciones laborales, que fundamentalmente apuntaba a un aumento de salario de 300 euros mensuales para cada uno de ellos, entre otras cuestiones.
Cuando El Debate habla con Javier, el nombre del empresario, este acaba de salir del hospital por una afección en el corazón que acaban de descubrirle después de meses de tensión y presiones. Durante este tiempo ha logrado distintos acuerdos con los empleados en huelga, pero el del salario, una petición basada únicamente en la supuesta buena marcha del establecimiento, se dirime en estos días en un «obligado» para el dueño acercamiento de posiciones.
El testimonio de los huelguistas
La pesadilla comenzó seriamente el 26 de septiembre cuando Javier recibió un acta de denuncia de la Inspección de Trabajo, con una multa (la máxima para estos casos) de 7.500 euros, porque, debido a la ausencia de empleados por huelga, se había puesto a trabajar en su negocio. El requerimiento y la sanción se basaban en las respuestas de los trabajadores, quienes afirmaron que nunca había trabajado antes en la gasolinera, circunstancia que impide por ley hacerlo después.
Pero la denuncia se basaba en información de parte. La gasolinera es un negocio de más de 50 años, una empresa familiar que el padre le dejó a Javier («y yo le dejaré a mi hijo»), quien sí ha trabajado en ella y conoce a la perfección los distintos desempeños necesarios. Pero la Inspección de Trabajo, el Gobierno, solo tomó en cuenta las palabras de los siete trabajadores en huelga de un total de nueve. No preguntaron a los otros. Ni tampoco al resto de empleados de Javier en su otro negocio, un restaurante.
«Esquirolaje interno»
Así que Javier no puede trabajar en su propio negocio y ha sido multado por hacerlo. En la actualidad solo puede trabajar un empleado durante sus veinte turnos de ocho horas al mes. Este es el tiempo que puede permanecer abierta la gasolinera, pues el otro trabajador que no está en huelga no atiende al público y solo realiza tareas de mantenimiento, con las consiguientes y cuantiosas pérdidas económicas.
Si hay algo medianamente gracioso en esta historia (que no lo hay) es que Javier se enteró de que lo iban a denunciar y a multar un día antes de que le llegara el acta porque lo publicó un periódico local: huelga salvaje. Y otra cosa «graciosa» (que no lo es), es que la denuncia está interpuesta por «esquirolaje interno», es decir, la Inspección adopta (y adapta, en un retorcimiento inquietante del lenguaje y de los principios) los términos de los huelguistas en general y del piquete en particular que se encontró el día que comenzó su «pequeño» infierno.
Más de 100 firmas
Javier va a recurrir la decisión de la Inspección que le prohíbe trabajar en su negocio, lo que parece una distopía, pero no lo es. Tiene más de 100 firmas de trabajadores y clientes que afirman que le han visto trabajar en su gasolinera para revertir la acción y la afirmación de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y por lo tanto del Gobierno. Un Gobierno progresista, el colmo de esta España de Sánchez, que no permite a un empresario trabajar en su propia empresa.
