Escuelas infantil de Toledo
Crisis en las escuelas infantiles de Toledo: deuda, nóminas sin pagar y reproches cruzados
La empresa que gestiona los centros denuncia un impago de más de 400.000 euros y acusa al Ayuntamiento de «olvidarlas» en el presupuesto, mientras el Consistorio defiende que el servicio está garantizado
Las tres escuelas infantiles municipales de Toledo se han convertido en el epicentro de una tormenta económica y política. La empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L., que gestiona estos centros desde 2011, ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento le adeuda más de 400.000 euros, una cifra que —según la compañía— ha llevado a no poder abonar íntegramente las nóminas del mes de octubre a su plantilla.
La empresa sostiene que el origen del problema está en los retrasos en los pagos municipales y en un «olvido» del Consistorio al no incluir a las escuelas infantiles en los presupuestos anuales. En un comunicado remitido a las familias, explica que el Ayuntamiento mantiene sin pagar las facturas correspondientes a agosto, septiembre y octubre de este año, además de importes pendientes desde cursos anteriores.
Desde la dirección apuntan a una situación «crítica» en su tesorería que ha obligado a abonar solo la mitad de los sueldos mientras esperan la llegada de los fondos municipales. Pese a todo, aseguran que su intención es mantener la estabilidad del servicio y de los empleos hasta que se regularice la situación.
Años de tensión económica
La empresa denuncia que la situación no es nueva. Desde 2018 —afirman— vienen arrastrando dificultades debido a las sucesivas subidas salariales aprobadas para las trabajadoras, incrementos que el Ayuntamiento no habría incorporado en la actualización de las tarifas del servicio.
Estas subidas, calificadas como «necesarias y justas», habrían sido asumidas íntegramente por la empresa, que también critica los retrasos continuados en el pago de la subvención mensual y los importes derivados del «equilibrio económico» por plazas vacantes.
El resultado, aseguran, es un escenario de asfixia financiera en el que el 75% de los costes se destinan al personal, mientras las cuotas familiares no bastan para cubrir ni salarios ni seguros sociales sin la aportación municipal.
El Ayuntamiento se defiende: «No hay caos, solo un retraso»
Desde el Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha salido al paso para rebajar la tensión y defender la gestión municipal. El Consistorio reconoce un retraso de dos meses en los pagos, pero rechaza la versión de la empresa y niega que la situación ponga en peligro el servicio.
Según Morcillo, existe una partida presupuestaria de 565.000 euros destinada a compensar parte del gasto de las escuelas infantiles, que en total depende en un tercio de la aportación municipal. A su juicio, el problema radica en una discrepancia económica entre la empresa y los técnicos municipales sobre los importes del «reequilibrio económico» reclamado por La Casita de Chocolate, que aún no ha sido resuelta.
El Ayuntamiento, además, sostiene que no puede asumir las subidas del Salario Mínimo Interprofesional de las trabajadoras, ya que el contrato establece que es la empresa la responsable de aplicarlas.
Morcillo ha recordado que el año pasado la misma compañía anunció un preconcurso de acreedores, aunque finalmente el servicio continuó sin interrupciones. Aun así, el Consistorio asegura que acelerará los procedimientos administrativos para evitar nuevos retrasos en el pago de facturas.
Las familias, en medio del conflicto
En medio de este cruce de reproches quedan las familias y las trabajadoras, que afrontan la incertidumbre sobre los próximos meses. La empresa insiste en que hará todo lo posible para evitar que el conflicto afecte al día a día de los niños, mientras que el Ayuntamiento pide «tranquilidad» y recalca que las escuelas infantiles seguirán funcionando con normalidad.
El pulso entre La Casita de Chocolate y el Ayuntamiento de Toledo pone sobre la mesa un viejo problema en la gestión de los servicios públicos externalizados: los plazos de pago, los contratos rígidos y las diferencias de criterio que acaban derivando en tensiones laborales.
Mientras el Ayuntamiento intenta apagar el fuego con promesas de inmediatez y la empresa aguarda los fondos para saldar las nóminas, las aulas siguen abiertas.
