Vox insiste en la 'prioridad nacional' ante el 'arraigo' del PP y el PSOE cree que «nos degrada como sociedad»

Las últimas elecciones en Extremadura han tenido que esperar meses hasta dar lugar a la conformación de un Gobierno. La candidata del Partido popular, María Guardiola, ha sido investida finalmente como presidenta regional secundada por los votos de su partido sumados a los de Vox. Con casi el 50% de los votos de los extremeños, la ya presidenta defendía durante su investidura que «este proyecto solo es posible de la mano de Vox, fue un mensaje claro».

El documento que recoge los pormenores del acuerdo entre PP y Vox puntualiza diferentes detalles en torno a los que gira la nueva legislatura en Extremadura. Entre ellos, uno se destaca por encima del resto causando un revuelo de alcance nacional. El concepto de 'prioridad nacional' ha sido uno de los grandes indispensables para que Vox apruebe el mandato de María Guardiola.

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha insistido reivindicando la presencia de la 'prioridad nacional' en el acuerdo como un punto «del más elemental sentido común». El Partido Popular a nivel nacional se ha querido distanciar en este sentido defendiendo que se trata de una cuestión de arraigo, para evitar las múltiples acusaciones de racismo que ha recibido este punto del documento extremeño.

Casi al otro extremo de la Península, en Aragón, el acuerdo para hacer presidente de la región al candidato 'popular' Jorge Azcón, también se nutre de los servicios de Vox y de su insistencia en esta llamada 'prioridad nacional'. En línea al documento firmado en Extremadura, el PSOE de Pilar Alegría (candidata socialista en Aragón) ha defendido que se trata de «un ejercicio de supervivencia política». La 'prioridad nacional' llegó este miércoles de lo autonómico hasta el Congreso con una moción de Vox rechazada por el Partido Popular, tras la negativa del partido de Santiago Abascal a la enmienda presentada por los populares.

¿Qué es la 'prioridad nacional'?

El concepto viene siendo parte del relato principal con el que Vox trata de convencer a sus votantes defendiendo la prioridad de los ciudadanos españoles por encima de los extranjeros para el acceso a ciertos recursos y ayudas. Por primera vez, este punto supone un indispensable para la formación de un Gobierno autonómico, como señala su presencia en el punto 6 referido a 'Vivienda' y en el 7 dirigido a 'Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional'.

En los mencionados apartados del documento se cita textualmente que «el acceso a vivienda protegida y alquiler social» se basarán en «el principio de prioridad nacional», así como «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas». Fundamentados en la ley vigente explican que se debe «procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

La palabra arraigo aparece por primera vez en el documento y es que el Partido Popular se quiere distanciar del «españoles primero» que abandera Vox, a consecuencia de las acusaciones de racismo vertidas. Alberto Núñez Feijóo en su labor como líder de los 'populares' insistía en que la concesión de ayudas y prestaciones se fundamentarán en el arraigo de los solicitantes «con independencia» de su nacionalidad. Este concepto que pone por delante lo nacional para el acceso a ayudas, privilegios y oportunidades ha servido para investir gobiernos en Aragón y Extremadura, pero cuando ha ascendido al ámbito nacional el Partido Popular lo rechaza.

Por su parte el PSOE asegura que la 'prioridad nacional' es «manifiestamente inconstitucional» y se basan en los artículos 13 y 14 de la Constitución Española en los que se desarrolla la prohibición de discriminación por nacimiento, sexo, raza, religión u otras condiciones. Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha clamado contra el concepto argumentando que «nos degrada como sociedad»

El PSOE señala «inconstitucionalidad»

Esther Padilla ha considerado «muy lamentable» que un partido «supuestamente de Estado, que ha gobernado este país y que aspira a gobernar» pacte algo así. «En España y en Castilla-La Mancha somos una sociedad rica, plural y diversa, donde creo que la convivencia es un valor que al final todos agradecemos y que, por supuesto, somos una sociedad que respeta los derechos humanos, que respeta a sus vecinos y el PP acaba de comprarle el discurso a la extrema derecha. Alimenta el frentismo entre la gente, alimenta el frentismo en la sociedad, alimenta el odio», ha asegurado.

De ahí que haya rechazado «rotundamente» ese planteamiento, que se ha mostrado convencida de que «ni siquiera va a salir adelante porque es inconstitucional, no puede salir adelante». Algo que, a su juicio, «no le quita gravedad a la voluntad que tanto Vox como el Partido Popular han mostrado de querer llevar a cabo esa discriminación en razón del lugar de nacimiento de una persona».

Padilla ha incidido en que «lo único que hacen con estos anuncios y con estas medidas es generar enfrentamiento» en la sociedad y también «entre empresarios, entre el sector económico, el agrario, la Conferencia Episcopal, Cáritas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales» porque todos ellos están «dando una lección al Partido Popular de cómo hay que gestionar la inmigración en nuestro país», que no sigue el modelo que Vox ni el PP «quieren implantar».

Según ha manifestado, el PP, en lugar de escuchar a la sociedad, al empresariado, a los sindicatos o a Cáritas «ha decidido agarrarse al brazo de Vox» y esto «es muy grave», ha comentado Padilla, que ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, «no solo se desmarca en este ámbito sino que siempre que tiene oportunidad elige a Vox, elige los discursos que enfrentan y que generan odio en nuestra sociedad».

«Hemos tenido varios ejemplos en Castilla-La Mancha y estoy segura que si de él dependiera, volviera a ocurrir, porque, de hecho, cada vez que tiene oportunidad, muestra ese deseo de llegar a acuerdos, a pactos con Vox», ha finalizado.