La Junta niega que en Puy du Fou exista un cementerio ilegal

Puy du Fou España está en el centro de la controversia tras las denuncias de Ecologistas en Acción, que apuntan a la posible existencia de un «cementerio ilegal de animales» dentro del recinto del parque.

Según la organización ecologista, durante años se habrían enterrado animales muertos —ocas, ovejas, gallinas o conejos, entre otros— sin control ni autorización en una zona de las instalaciones, lo que podría vulnerar la normativa vigente, que obliga a gestionar estos restos a través de empresas autorizadas.

Las acusaciones dibujan un escenario que, a primera vista, podría implicar delitos de maltrato animal, contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de numerosas infracciones administrativas. Todo ello, agravado —según denuncian— por un supuesto intento de ocultamiento y por tratarse, aparentemente, de una práctica habitual en el parque.

Investigación interna y presión judicial

Ante la gravedad de los hechos, Puy du Fou España ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar responsabilidades. Además, ha trasladado a las autoridades competentes su «plena disposición a colaborar».

En paralelo, Ecologistas en Acción reclama una actuación inmediata de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Toledo, incluyendo el precintado de la zona de enterramientos y el acceso a los registros de los catorce núcleos zoológicos vinculados al parque.

La Junta niega irregularidades

Frente a las denuncias, la versión oficial de la administración autonómica es clara. La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha asegura que no ha recibido ninguna «denuncia concreta» relacionada con estos hechos.

Fuentes del departamento explican que, si bien en noviembre se registró un aviso telefónico alertando de posibles irregularidades, se actuó «de forma inmediata» mediante una inspección in situ en las instalaciones. Según sostienen, aquella revisión no detectó ninguna evidencia de mala gestión de restos animales.

Además, la Consejería subraya que el parque realiza declaraciones anuales de censo y que existen retiradas periódicas de cadáveres de animales desde 2021 que cuadran con el número de especies declaradas.

Inspecciones y control sanitario

La Junta insiste en que lleva a cabo inspecciones rutinarias para verificar el cumplimiento de la normativa en los núcleos zoológicos y asegura que, hasta la fecha, no se han detectado irregularidades.

«Por lo menos en lo que ha declarado a la Consejería, no se ha observado nada sospechoso», señalan las mismas fuentes, que añaden que las instalaciones cuentan, además, con programas sanitarios como la vacunación contra la influenza aviar, coordinada con el Ministerio.

En cualquier caso, la administración autonómica recalca que, si se presenta una denuncia concreta, actuará dentro del ámbito de sus competencias.

Denuncias internas y posibles represalias

Uno de los puntos más delicados del caso es la situación de quienes habrían alertado de estas prácticas desde dentro del parque. Ecologistas en Acción denuncia que algunos trabajadores que comunicaron los hechos habrían sufrido represalias e incluso despidos.

La organización ha mostrado su apoyo a estas personas y ha avanzado que su equipo jurídico ya estudia posibles acciones legales.

Con las posiciones enfrentadas —las denuncias ecologistas frente a la negativa de la Junta—, el caso queda ahora a la espera de posibles actuaciones judiciales o nuevas inspecciones que permitan esclarecer lo ocurrido.