Persona en silla de ruedas trabajando en una fábrica
Las «importantes barreras estructurales» que complican la inserción de personas con discapacidad en C-LM
UGT exige reforzar políticas de empleo que permitan incluir al colectivo en el mercado laboral ante la cifra de 114.400 personas sin alta laboral
La última estadística del INE a razón del mercado laboral y discapacidad del año 2024 muestra la triste realidad del colectivo en Castilla-La Mancha. La región registró durante el mencionado año hasta 40.100 altas de personas con discapacidad en la seguridad social.
La cifra que podría parecer gratificante choca con las 114.400 que se encontraban sin alta laboral, es decir, un 74,05% de las personas con discapacidad se encontraban fuera del mercado de trabajo. Por provincias se encontraban sin alta 32.500 en Ciudad Real, 31.500 en Toledo, 22.500 en el caso de Albacete, 14.900 en Cuenca y 13.100 en la provincia de Guadalajara.
Ante una situación con mucho por trabajar y mejorar, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa insiste en la necesidad de reforzar políticas de empleo dirigidas a este colectivo.
«Importantes barreras»
La estadística tiene un lado positivo y es que con respecto a 2013 las altas en el mercado laboral de personas con discapacidad aumentaron un 4,70%. Aun así, la cifra queda lejos de favorecer su inserción ante la que Carrascosa encuentra «importantes barreras estructurales».
«Consideramos necesario diseñar políticas activas de empleo con un enfoque de género y discapacidad para combatir la discriminación múltiple y promover la igualdad de oportunidades, además de corregir los problemas estructurales, barreras y desigualdades que afectan a este colectivo. Las cifras de empleo son muy desiguales para estas personas», explicaba la secretaria de UGT.
Como punto de partida, Carrascosa exige que esta cuestión se incluya en la agenda pública. También, añadiendo nuevas medidas para el impulso en protección del colectivo a través de Dialogo Social.
Carrascosa también ha incidido en la necesidad de reducir las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procedimientos y aumentando los recursos para la valoración, teniendo en cuenta que los retrasos para obtener el reconocimiento oficial pueden superar el año, impidiendo el acceso al empleo protegido o a medidas de acción positiva.
Igualmente, ha abogado por reforzar la inspección laboral y la sanción efectiva para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad en España, una obligación legal para las empresas con cincuenta o más trabajadores.
