Los hosteleros claman contra la prohibición de fumar en las terrazas: «El Gobierno nos está empobreciendo»

La guerra contra el tabaco vuelve a encenderse, pero esta vez no en los bares, sino en sus terrazas. El anuncio del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García (Sumar), sobre la futura ley antitabaco –que prevé la prohibición de fumar en espacios abiertos como terrazas de bares y restaurantes– ha levantado las quejas de la hostelería. Muchos propietarios lo consideran un ataque más a un sector que aún no se ha recuperado del todo del golpe de la pandemia y que ahora se ve amenazado.

Entre las medidas propuestas se incluye la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, patios escolares, campus universitarios, vehículos laborales, marquesinas, piscinas y espacios recreativos al aire libre. A esto se suman las restricciones a fumar a menos de 15 metros de centros educativos, sanitarios y edificios públicos, lo que de facto multiplica los espacios libres de humo más allá de lo que contempla la legislación vigente desde 2010.

Tampoco se libran los cigarrillos electrónicos, que se equiparan al tabaco convencional, ni los productos con sabores ni los cigarrillos desechables, que quedarán prohibidos. Incluso se contempla el empaquetado neutro y la eliminación de los clubes de fumadores. Un plan que, según el Ministerio, responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

¿Qué piensan los principales afectados sobre esta posible novedad legislativa? «Nos están empobreciendo», responde Nacho, dueño del bar Reload en León, un local que lleva siete años funcionando en la ciudad con más bares por habitante de España. Como dueño de dos negocios y autónomo, ha visto cómo los cambios legislativos del Ejecutivo de Pedro Sánchez han ido afectando a su negocio. «Hay que generar riqueza y eso los socialistas no lo entienden. Ellos entienden de reparto, pero no de crearla. Para repartir hay que crear primero», explica con firmeza. Su testimonio no es aislado. En las últimas semanas, se han multiplicado las voces críticas en toda España, desde asociaciones hosteleras hasta pequeños propietarios de bares de barrio que temen que esta nueva medida suponga una caída aún mayor en el consumo.

El debate de fondo es mucho más amplio. ¿Tiene el Estado derecho a imponer una medida sanitaria aunque perjudique económicamente a ciertos sectores? ¿Dónde termina la libertad individual y empieza la protección colectiva? Nacho lo tiene claro: «Cada uno debería poder decidir en su local lo que hace».

Este hostelero afirma que este tipo de decisiones no responden a las necesidades reales de la gente ni del sector. «El mejor Gobierno es el que gobierna para el interés de la gente y eso no se está produciendo», lamenta. En su terraza, como en muchas otras, fumar sigue siendo parte del hábito social de muchos clientes.

El Gobierno justifica estas medidas como parte de la adaptación a las recomendaciones de la OMS y al marco europeo de control del tabaquismo. España cuenta con leyes antitabaco desde 2005, reforzadas en 2010, cuando se prohibió fumar en espacios cerrados de uso público y en determinados espacios al aire libre como parques infantiles o centros sanitarios.

Con esta nueva propuesta, Sanidad busca reducir la prevalencia del tabaquismo, especialmente entre la población joven, y equiparar el tratamiento legal de los nuevos dispositivos electrónicos con el del tabaco tradicional.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que el objetivo es que la ley pueda llegar a las Cortes Generales antes de que finalice el año. En los próximos meses, se prevé que el texto se someta a audiencia pública, donde podrán presentarse alegaciones por parte de ciudadanos, organizaciones sociales y sectores económicos. Mientras tanto, queda la duda de si la tradicional estampa de personas tomando algo y fumando será algo que pasará a formar parte de la historia de nuestro país y cómo afectaran estas medidas a la hostelería.