Cada castellano y leonés tendrán que pagar 523 euros más por la quita «separatista» a Cataluña, según la Junta

El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, rechazó el proyecto de Ley Orgánica sobre la quita de la deuda autonómica por ser «contrario al interés general y al de Castilla y León», y reiteró que, tras la aprobación de la iniciativa, cada ciudadano de la Comunidad deberá 523 euros más que antes, «dado que lo que nos quieren quitar como castellanos y leoneses (3.000 millones) es menor de lo que asumimos como españoles».

En declaraciones a la agencia Ical, el titular de Economía explicó que el proyecto de ley, «que se aprueba para dar cumplimiento al acuerdo con ERC que le permitió a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno», implica que «los españoles pasemos a asumir la deuda de una comunidad autónoma», pese a que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y otros analistas han visto «contraindicaciones claras».

Entre ellas, Carriedo destacó que incurre en desigualdades entre los territorios, «que crea una imagen de que las deudas no hay que pagarlas» y que es negativo para la solvencia de la Hacienda española.

Asimismo, la Junta, que presentará un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley, entiende que la los criterios para aprobar la quita responden a los intereses de Cataluña –donde ERC había pedido la condonación de 15.000 millones– y penalizan a las comunidades, como Castilla y León, que han bajado impuestos y que están menos endeudadas. Asimismo, sostiene Carriedo, «crea un precedente» que se contradice con las llamadas al rigor fiscal de las autonomías.

«No necesitamos una quita de la deuda, porque nosotros pagamos nuestros compromisos; lo que necesitamos es un sistema de financiación autonómico que se fije en la ruralidad, que mire a los pueblos y lo que cuesta la prestación de servicios», remarcó el consejero, quien aseveró que se puede hacer mucho más para combatir la despoblación, «como por ejemplo diseñar un sistema de financiación autonómica que se fije en la singularidad de lo rural, que tenga en cuenta el coste efectivo y real de llevar el Estado de Bienestar a los habitantes de los pueblos».

«La quita sólo se ha hecho pensando en los partidos separatistas y no soluciona el problema principal que es la insuficiente financiación que recibimos las comunidades autónomas para ejercer nuestras competencias».

Carriedo mostró, por últimos, sus dudas a que el Ejecutivo pueda sacar adelante la propuesta por las reticencias de algunos de sus socios parlamentarios como Compromís, BNG y Chunta Aragonesista.