El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente
Revés para Puente: la Audiencia Nacional admite el recurso al «carpetazo» a la conexión de Ávila con la A-6
La Diputación de Ávila acordó movilizarse ante una reivindicación con dos décadas «desdeñada» por el Gobierno de Pedro Sánchez
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación de Ávila contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que da 'carpetazo' a la conexión de la capital abulense con la autovía del Noroeste, la A-6.
«Una reivindicación de la provincia en la que se llevaba trabajando casi dos décadas y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desdeñado como desdeña todo lo que tiene que ver con Ávila y con provincias como la nuestra», apunta el presidente, Carlos García, en un comunicado de la institución provincial.
La Junta de Gobierno Provincial, en su reunión del pasado 29 de septiembre, acordó (con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de XAV y Vox) el inicio de acciones judiciales contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, publicada en el BOE del 27 de marzo, que descarta la conexión de Ávila por la autovía A-50 con la autovía del Noroeste (A-6), por «falta de rentabilidad económica».
El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García
El 13 de junio, el presidente ya había formulado un requerimiento previo al Ministerio liderado por Óscar Puente para impugnar la resolución, pero el departamento gubernamental lo desestimó, lo que agotó la vía administrativa.
Un «nuevo agravio a Ávila»
«Ahora abrimos definitivamente esta vía contencioso-administrativa para defender los intereses de los abulenses, tanto de los de la provincia como de los de la capital, y confiamos en la labor de la Justicia para que se pare este nuevo agravio a Ávila por parte de un Gobierno que no duda en usar informes sesgados, incompletos e insostenibles para respaldar una decisión que lastra nuestro futuro», asevera García.
El Ministerio tiene ahora veinte días para remitir al órgano judicial los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado por la institución provincial.
