Un empresario de la trama eólica con socios alemanes: Delgado «me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza»

El exsocio y administrador de Ibervento, Javier Mozo Herrera, ha denunciado que el entonces viceconsejero de Economía de Castilla y León, Rafael Delgado, principal inculpado en la denominada 'trama eólica', le advirtió de la imposibilidad de autorizar los parques eólicos que impulsaba por contar con varios empresarios alemanes entre su accionariado, en lugar de incorporar a socios locales. «Me dijo que si los autorizaba le cortaban la cabeza», es la frase «impactante» que el testigo ha puesto en boca de Delgado.

El testimonio del exresponsable de Ibervento se suma así al de otros promotores de parques eólicos a los que, supuestamente, se les presionó desde la Viceconsejería de Economía ocupada por Delgado para dar entrada en el accionariado de sus mercantiles a empresarios locales con condición sine qua non para obtener la correspondiente autorización administrativa.

En el caso de los parques de Cantiruela y Las Pardas, en la provincia de Burgos, Mozo Herrera ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que ambos proyectos los puso en marcha en 2001 con dos socios alemanes y que ya en 2003 ambos habían seguido una tramitación «normal» y habían conseguido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), si bien a partir de entonces comenzaron a dilatarse los plazos, pese a que contaban con el respaldo de Red Eléctrica Española (REE) en cuanto a permisos de acceso y conexión.

Una reunión de una hora

Al comprobar que la autorización administrativa de la Junta no acababa de llegar en una «plazo razonable», el empresario asegura que pidió explicaciones, sin respuesta, al jefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos y a varios responsables del Ente Regional de la Energía (EREN), hasta que finalmente se vio obligado a pedir una reunión con el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, con quien se reunión en Valladolid por espacio de una hora.

En dicho encuentro, Mozo recuerda que Delgado le trasladó la imposibilidad de validar ambos proyectos y entonces le explicó que era muy importante para la economía de Castilla y León que los proyectos en el sector eólico los desarrollaran empresarios locales. «Yo no lo entendía porque mi empresa estaba radicada en Valladolid, aunque contaba con dos inversores alemanes y, por eso, me sentía discriminado», apunta el responsable de Ibervento, quien ha añadido que esa relación con los socios alemanes fue el motivo de no contar con el favor del viceconsejero. «Me dijo que si autorizaba los parques le cortaban la cabeza», ha insistido el testigo.

Por este motivo, el declarante, tras denunciar la situación antes distintas instancias, incluida las Cortes, el Procurador del Común y el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tuvo que vender todas las participaciones de la sociedad y ambos parques a Endesa, con la particularidad de que fueron responsables de esta mercantil los que, motu proprio, se pusieron en contacto con él para hacerle una oferta que al final aceptó por considerarla «razonable» y que cumplió sus «objetivos» económicos, sin que haya desvelado el importe finalmente recibido.

Sí ha especificado que Ibervento y sus socios habían invertido mucho entre 2000 y 2006, alrededor de unos tres millones de euros, y que estaba impulsando los referidos parques y otros que, en su conjunto, suponían una potencia en Castilla y León de entre 600 y 700 megavatios. «De no haberse dado estas circunstancias no habríamos vendido los parques de Cantiruela y Las Pardas», ha lamentado el testigo, quien ha finalizando asegurando que, casualmente, una vez vendidos ambos proyectos recibieron la autorización administrativa en pocas semanas.

A lo largo de la vista, entre otros, también han 'desfilado' por la Audiencia de Valladolid en calidad de testigos el que fue jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, además de otros cargos como consejero de Medio Ambiente entre 1991 y 1999 y vicepresidente de las Cortes entre 1999 y 2003, Francisco Jambrina, quien, al igual que María Inmaculada García, quien desempeño tareas de jefa de Industria en Salamanca ocupando accidentalmente la baja de su titular, se ha limitado a indicar que a partir de que la Viceconsejería de Economía instauró en abril de 2004 la figura de la avocación, todas las autorizaciones de parques eólicos pasaron a manos de Delgado, cuanto antes eran ellos los que validaban los proyectos.

«Teníamos un listado de parques que reflejaba el estado de su tramitación pero no recuerdo si había alguna indicación en concreto y tampoco recuerdo haber recibido llamada alguna para dar preferencia a uno u otro parque», ha declarado Jambrina, a quien el abogado de Rafael Delgado, por prohibición expresa del presidente del tribunal, no ha podido trasladarle la pregunta sobre quién es la persona que verdadera manda en una consejería, con la clara intención del defensor de elevar cualquier responsabilidad de la trama al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido pero que en su día llegó a figurar como investigado en la causa.