Castilla y León autoriza que las administraciones actúen en zonas privadas para evitar el avance del fuego hacia las poblaciones

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, una norma que incorpora por primera vez la figura de los «anillos de seguridad» en torno a los núcleos urbanos y amplía los plazos para mantener o recuperar usos agrícolas como herramienta de prevención.

Como ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para detallar el Decreto aprobado con el fin de «reforzar la protección de la población» ante la virulencia de los incendios registrados en los últimos años y fomentar una gestión más activa del territorio.

En este sentido, el consejero ha detallado que el nuevo marco articula la lucha contra los incendios en tres ámbitos (prevención, extinción y restauración) e introduce modificaciones en las Leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras de Castilla y León, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la coordinación entre instituciones.

Entre las principales novedades figura la integración de la prevención en la planificación urbanística y la regulación de los «anillos de seguridad», espacios periféricos que actúan como barreras naturales frente al fuego mediante infraestructuras viarias, control de la vegetación y protección de edificaciones. Estos «anillos» se reconocen como zonas prioritarias de actuación y permitirán a las administraciones imponer medidas preventivas incluso en terrenos privados.

Sobre este asunto, Suárez-Quiñones ha destacado que «los dos compromisos más inmediatos» asumidos por la Junta en materia de prevención de incendios forestales son «el asesoramiento a los ayuntamientos para que aprueben sus planes municipales de emergencia y la compra de maquinaria destinada a afrontar los anillos de seguridad».

Así, el titular de Medio Ambiente ha recalcado que muchos municipios «todavía no cuentan con esos planes», pese a que son «esenciales para regular los sistemas de bocas de riego, captaciones de agua y otras infraestructuras imprescindibles para la prevención y extinción de incendios», por lo que ha explicado que «va a materializar de manera inmediata ese apoyo técnico a las diputaciones», lo que se respaldará con financiación autonómica.

«La previsión ya realizada sobre los anillos de seguridad contempla su existencia e implicación como áreas de interfaz urbano-forestal en los municipios de más peligrosidad», ha detallado.

Sobre este aspecto, el consejero ha defendido que estos municipios deberán «hacer efectiva antes de tres años la puesta en marcha y efectividad real de esos anillos de seguridad», para lo que contarán con «todo el apoyo técnico, económico y normativo» de la Junta.

«Una de las virtualidades del Decreto Ley», que se publicará mañana o el lunes en el Bocyl y deberá ser convalidado en un plazo de 30 días por las Cortes, «es dotar a los ayuntamientos de instrumentos jurídicos para imponer a los propietarios que mantengan sus parcelas en condiciones adecuadas, evitando riesgos para la seguridad de la población».

Ordenanzas municipales

El Decreto también impulsa nuevas ordenanzas municipales en materia de seguridad y refuerza los Planes de Protección Civil locales frente a incendios forestales, además de agilizar la intervención de las administraciones competentes en situaciones de emergencia.

La norma amplía de 20 a 30 años el periodo necesario para que un terreno agrícola abandonado adquiera carácter forestal y extiende a cincuenta años el plazo para revertir su uso, lo que facilita mantener superficies cultivadas que actúen como franjas de discontinuidad vegetal.

Asimismo, se simplifican los procesos de aprovechamientos forestales, las cortas maderables menores tendrán silencio administrativo positivo y se eliminan autorizaciones previas en supuestos de prevención de incendios o control de plagas.

El Decreto incluye también que se declare la prevención como una acción de conservación que se integra en la normativa de las Áreas Naturales Protegidas (tanto Red Natura 2000 como Red de Espacios Naturales), a través de dos medidas que son que dichas actividades preventivas se consideran compatibles o favorables para dichos espacios naturales protegidos, y se fomenta la implantación de dichas acciones en estos espacios.

Otros aspectos de la norma se dirigen a mejorar e impulsar la acción preventiva en el entorno de las infraestructuras de comunicación como carreteras y caminos. En especial se priorizan las actuaciones de conservación que impliquen reducción del peligro de incendios en las áreas que así determinen los planes de prevención de incendios forestales.

Como ha detallado Suárez-Quiñones, estas medidas pretenden «reactivar la gestión forestal activa, reducir cargas administrativas y favorecer la prevención también dentro de los espacios naturales protegidos, donde se declara compatible la acción preventiva con los objetivos de conservación».

Refuezo del operativo

Asimismo, el Decreto Ley refuerza las capacidades del operativo de incendios, considerado servicio público esencial, e introduce mecanismos para acelerar la dotación de medios humanos y materiales, así como la cobertura de vacantes.

Además, promueve la colaboración con diputaciones provinciales y municipios para financiar actuaciones de prevención y conservar áreas estratégicas como carreteras o caminos rurales que ayuden a reducir el riesgo de incendios.