El Gobierno pretende crear en Salamanca un centro para 460 inmigrantes esquivando la normativa autonómica

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere abrir un centro para 460 inmigrantes en el barrio de Puente Ladrillo de Salamanca, de forma «urgente» y entre oscurantismo, para absorber parte de la fuerte presión migratoria a la que se expone España. Y lo está haciendo a la chita callando y con un proyecto que se salta a la torera la normativa castellanoleonesa, lo que puede derivar en un proceso judicial.

El runrún comenzó hace meses, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le compró a la Junta de Castilla y León el complejo que albergaba hasta 2023 la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún. La inquietud en la ciudad se hizo palpable, pero tanto el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, como la propia ministra del ramo, Elma Saiz, lanzaban balones fuera y apuntaban a que este antiguo convento aun no tenía un uso futuro definido por parte del Ejecutivo central.

Nadie se lo creyó y, el pasado febrero, el alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, denunció públicamente que el Gobierno tiene la intención «desde el primer momento» de emplear el edificio para albergar a inmigrantes. El regidor apuntó, asimismo, que la obra estaba paralizada porque la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento era «insuficiente», por lo que se había requerido nueva documentación. En todo caso, el regidor indicó que «en esa declaración se hablaba claramente de un centro para alojar migrantes».

El asunto provocó la indignación de Vox. Su portavoz nacional en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, visitó la ciudad y, junto al edificio, advirtió de las que, a su juicio, serían las consecuencias. «Lo que pasa en un barrio cuando se instala un centro de estos es que se produce un aumento de la inseguridad, un desbordamiento de los recursos sociales, una devaluación de los edificios y de las casas», alertó, señalando los carteles colocados en viviendas de la zona con el lema 'Se vende el barrio'. «Los vecinos son los primeros afectados», afirmó.

Entre los habitantes de las calles aledañas hay división. Tras comenzar los rumores, José David Sanz, un vecino que había formado una nueva plataforma en el barrio congregó a unas 200 personas a través de un grupo de WhatsApp y comenzó una recogida de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular en las Cortes de Castilla y León en oposición al proyecto. En declaraciones a Ical, el líder vecinal afirmó que «no nos pueden imponer esto de manera sibilina, y por la puerta de atrás, porque creemos que va a desestabilizar y a crear un clima de inseguridad en el barrio. Nos compadecemos de estas personas, que seguramente lo pasen muy mal, pero las técnicas del Gobierno no son las adecuadas y creemos que hay mejores emplazamientos para ubicar este centro».

«Traer a casi 500 personas con una cultura que choca frontalmente con la cultura europea es juntar fuego y gasolina. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. La verdad es esa: la seguridad en sitios donde aparecen centros de esta naturaleza se ve afectada. Solo hay que ver internet y noticias», zanjó Sanz, quien mantiene una oposición muy distinta a la de otra organización del barrio, Puntelave, desde donde creen que «no hay evidencia de que los conflictos se hayan visto incrementados en otros lugares. Entendemos que haya gente con otra visión de las cosas, con cierta inquietud y miedo, pero creemos que esa desconfianza viene provocada por la falta de información», según su portavoz, Israel Cuño.

El último movimiento del Ejecutivo

Y bajo este panorama, el Gobierno ha remitido hace unos días esa nueva documentación que le exigía el Consistorio charro, según confirmaba su concejal de Fomento, Fernando Carabias, quien ha pedido más documentación, al ser el competente para dar luz verde a las obras de reforma. Según apunta García Carbayo en declaraciones a La Gaceta de Salamanca, el centro «es una tomadura de pelo y, además, una ilegalidad», amén de un ejercicio de «deshumanización» y un ejemplo de cómo el Ejecutivo de Sánchez utilizan «como mercancía» a «quienes huyen de sus países buscando una vida mejor».

«Esto nos lleva a denunciar una vez más el oscurantismo, la opacidad, la falta de lealtad institucional y las constantes mentiras vertidas por representantes del Gobierno de España en este caso. Como hemos repetido por activa y por pasiva, desde finales de 2024, el Gobierno tiene claro que quiere convertir esa residencia en un Centro de Inmigrantes, entonces para 448 personas y ahora para 460», zanja el alcalde sobre un tema que va a traer cola.

No hay planes «a corto plazo», según la Subdelegación del Gobierno, que no dice nada sobre el medio y el largo

Según avanzó al mismo diario la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, el Gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco irá a los tribunales si el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado, sigue insistiendo en el proyecto según está planteado. Y es que una orden autonómica aprobada el pasado febrero limita las plazas de estas instalaciones a 120, una cuarta parte de lo que pretende el Gobierno.

Este lunes, la Subdelegación de Gobierno de Salamanca ha asegurado en un comunicado que no está en los planes de la Secretaria de Estado de Migraciones «abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo». «La rehabilitación de este edificio, que reiteramos está en mal estado, no significa que se vaya abrir un centro para personas migrantes», zanjan desde la Subdelegación, que tampoco niega en el escrito que no lo vaya a abrir.