El alcalde de León, José Antonio Diez, en una foto de archivo
El Ayuntamiento de León abre una investigación por las presuntas facturas infladas denunciadas por UPL
El alcalde socialista, José Antonio Diez, sostiene que los primeros datos de dicha investigación no coinciden con lo que afirma la formación leonesista
El alcalde de León, José Antonio Diez, ha respondido a la acusación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que asegura que el Ayuntamiento ha aprobado facturas de suministros con precios inflados y sin expediente de contratación. El regidor socialista ha abierto una investigación interna para aclarar los hechos, y sostiene que los primeros datos no coinciden con lo que afirma UPL, a quien reprocha haber lanzado acusaciones graves sin comprobarlas antes. «Los primeros resultados estarían muy alejados de las cifras difundidas por UPL», ha adelantado el regidor.
Diez se mostró «preocupado» por la repercusión pública del asunto y reprochó a UPL que aireara sospechas tan graves sin haberlas verificado previamente. «Tenemos que ser más rigurosos en el desempeño de nuestro trabajo, porque uno no puede lanzar una piedra y decir que ahora investigue usted. ¿No ha investigado usted previamente? Me choca porque es totalmente contradictorio con que los informes de los técnicos, que tienen que venir debidamente firmados, nos dicen», ha dicho el regidor leonés durante el pleno celebrado este viernes.
La denuncia de UPL pone en el punto de mira al área de Hacienda, al considerar que se han aprobado decenas de facturas con sobrecostes del 30 al 40 % respecto al mercado. La formación sostiene que estas compras se tramitaron mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, sin expediente de contratación y pese a las advertencias reiteradas del interventor municipal, que recordaba la obligación de licitar los suministros y publicarlos en el perfil del contratante.
Vehículos municipales
El portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, detalló que las facturas afectan sobre todo a recambios de vehículos municipales. Entre los ejemplos que citó hasta 41 baterías adquiridas entre 2022 y 2023, una cifra que considera desproporcionada respecto a la flota.
Aseguró que las baterías industriales se pagaron a 328 euros cuando su precio habitual ronda los 210 y que se abonaron 162 euros por baterías de moto que en el mercado cuestan entre 64 y 90. También denuncia la compra de AdBlue a 2,66 euros por litro, más del doble del precio medio de los mismos años.
UPL señala directamente a la empresa Radiadores Palacios como principal beneficiaria de estos sobrecostes, aunque la firma ha defendido que factura «de acuerdo a un contrato marco» y niega cualquier connivencia. Para la formación leonesista, la reiteración de facturas y los precios aplicados evidencian «compras absolutamente demenciales» que justificarían la apertura de un procedimiento penal.
Por ello, López Sendino exige la dimisión inmediata del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, a quien responsabiliza de autorizar y elevar estas facturas a pleno. El partido no descarta acudir a la Fiscalía por presunta malversación, cohecho u otros delitos derivados de las irregularidades que denuncia.