El PSOE trata de «enfangar» al Ayuntamiento de Valladolid con un supuesto caso de contratos irregulares

El PSOE y Valladolid Toma la Palabra, partidos que integraban el Gobierno de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid antes de la llegada de PP y Vox a la Plaza Mayor pucelana, han denunciado este miércoles que el Consistorio liderado por el 'popular' Jesús Julio Carnero ha contratado con la empresa del exconcejal del PP de Medina del Campo David Blanco Valmaseda, Ramda Comunicación SLU. Esta empresa, según ha defendido el Consistorio vallisoletano, también recibió adjudicaciones durante la etapa de Puente y, como ha podido comprobar este diario, otros dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez le otorgaron ayudas en 2023 y 2024.

La polémica se originó hace tres días, cuando el medio afín a los socialistas Eldiario.es publicó una información titulada «El Ayuntamiento de Valladolid dio una adjudicación directa y dos contratos a un exconcejal del PP que se inventó 'un franquiciado con dos medios nacionales'». Como señalan los socialistas en un comunicado, «desde 2023 se han suscrito diversos contratos y encargos municipales con Ramda Comunicación por importes que rondan en conjunto los 30.000 euros. Entre ellos destaca un contrato menor de 12.100 euros, firmado el 5 de abril de 2024 por el alcalde Jesús Julio Carnero, para la realización de contenidos audiovisuales sobre temas municipales, así como otro contrato de 6.050 euros en 2023 para la elaboración de varios vídeos institucionales. A estas cantidades se añadirían más de 10.000 euros adicionales en contratos de la Sociedad Mixta de Turismo para vídeos protagonizados por la concejala (sic) del área, Blanca Jiménez Cuadrillero».

En el escrito, el Grupo Municipal Socialista considera «grave la justificación utilizada por el equipo de Gobierno para conceder a dedo el contrato de 12.100 euros, prescindiendo de la petición de varias ofertas». «El expediente sostiene que Ramda Comunicación sería la única empresa que gestiona en Valladolid las supuestas delegaciones o «franquicias» de dos medios nacionales, La Jungla Radio y The Objective, y que por ello ofrecería una difusión exclusiva e inalcanzable para cualquier otro proveedor. Sin embargo, ambos medios han negado tener relación societaria o contractual con Ramda y han desmentido que los contenidos pagados por el Ayuntamiento se hayan difundido en sus plataformas», añaden.

«Estamos ante un contrato adjudicado sin concurrencia, a un falso franquiciado de medios nacionales y sobre el que el propio equipo de Gobierno ha admitido que no pidió documentación alguna. Es inaceptable que el Ayuntamiento de Valladolid utilice argumentos no contrastados, cifras infladas de seguidores en redes sociales y relaciones personales para justificar la elección de un proveedor, mientras se ignora la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades entre empresas y la correcta utilización del dinero público», denuncia, a su vez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

Desde Valladolid Toma la Palabra, su portavoz en el Consistorio, Rocío Anguita, ha reclamado –en otro comunicado– «transparencia total» en la gestión de los contratos y ha alertado sobre «adjudicaciones directas a medios supuestamente franquiciados a nivel nacional y gestionados a través de un excargo del PP en la provincia». «No existe claridad alguna acerca del trabajo de difusión que realmente están realizando para el Ayuntamiento», ha asegurado, y ha añadido que «no puede ser que estemos pagando con dinero público a medios cuya existencia, difusión y actividad son más que dudosas. Y menos aún cuando aparecen vinculados a un excargo del Partido Popular en Valladolid».

«Estos contratos deben ser absolutamente transparentes. No podemos consentir que el Partido Popular adjudique contratos a dedo a miembros de su propio partido y a medios que no tienen actividad acreditada», ha señalado, antes de anunciar que solicitará formalmente información detallada sobre estas adjudicaciones y reclamará al equipo de gobierno mecanismos de control que aseguren el correcto uso de los recursos públicos.

La empresa, en el registro de proveedores

A su vez, desde el Ayuntamiento, su portavoz, la mencionada Blanca Jiménez, ha defendido en un audio difundido a los medios de comunicación no solo la legalidad de las adjudicaciones, al tratarse de un procedimiento administrativo ordinario y está fiscalizado por el servicio de la intervención, sino que ha indicado que la empresa está incluida en el «registro municipal de proveedores del Ayuntamiento» y que además «ya había sido contratado en otras ocasiones por el equipo de Gobierno anterior». Es decir, el liderado por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

«Es muy grave insinuar que puede haber alguna irregularidad en un procedimiento de este tipo porque se pone en duda el buen hacer de la Administración y por supuesto de sus empleados públicos. Además en este caso se trata de un contrato que está ejecutado y que puede comprobarse fácilmente porque los vídeos son perfectamente públicos y accesibles», ha apuntado la edil, antes de criticar que los socialistas tratan de «enfangar» con este tipo de cosas e «intoxicar» con aquello que puede confundir a los ciudadanos.

«Es algo que desgraciadamente nos vamos a tener que acostumbrar a medida que se vayan acercando las citas electorales porque el Partido Socialista de Valladolid no tiene nada más que ofrecer señalamiento, manipulación, mentira y, por supuesto, tomar por idiotas a los ciudadanos», ha zanjado.

Esta empresa ha recibido fondos públicos de contratos de distintas administraciones, tanto gobernadas por 'populares' como por socialistas. Según consta en la plataforma del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, en 2023 recibió dos subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación del Instituto para la Competitividad de Castilla y León –dependiente de la Junta–, por valor de 7.121,76 y 764,86 euros. En junio de ese mismo año, el Ministerio de Industria y Turismo, que encabezaba entonces Héctor Gómez, le otorgó una ayuda de 1.866,67 euros en concepto de garantía y, un año después, el mismo Departamento, ya con Jordi Hereu al frente, le concedió 1.400 euros con el mismo instrumento.