Rafael Delgado comparece de nuevo, en una segunda jornada, ante el tribunal durante el juicio por la 'trama eólica'
El cabecilla de la trama eólica afirma que no ha recibido «cantidad alguna de ninguna de las sociedades acusadas»
El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León niega haber otorgado de forma ilegítima los parques eólicos
«No he recibido cantidad alguna de ninguna de las sociedades aquí acusadas por haber otorgado de forma ilegítima los parques eólicos de los que son titulares», es la respuesta que Rafael Delgado, principal inculpado en la denominada 'trama eólica', ha dado este jueves durante el interrogatorio al que, por segundo día consecutivo, ha sido sometido y en cuyo transcurso ha vuelto a reiterar su inocencia y su nula participación en unos hechos cuya autoría ha atribuido a su entonces máximo jefe, el consejero de Economía en Castilla y León, Tomás Villanueva.
Si el miércoles el interrogatorio de Delgado –se expone a 42 años de cárcel y una multa de 239 millones– lo monopolizó el Fiscal Anticorrupción, este jueves el que fuera viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y luego secretario general se ha sometido a las preguntas del resto de las partes para, al igual que en su primera declaración, desmarcarse de la planificación del sector eólico que negoció el consejero económico, Tomás Villanueva, con el presidente de Red Eléctrica Española, Pedro Mielgo, y que recogía un plan de autorizaciones acompasado, año por año, con otorgamiento de megavatios por provincias y por cada uno de los 44 nudos de evacuación existentes en Castilla y León, estrategia en el que, según ha insistido el acusado, no llegó a participar.
En esa línea de trabajo, Delgado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha enmarcado una reunión que Villanueva mantuvo también con Biovent y su representante, el también encausado Ricardo Bravo, para realizar una «preasignación» de cupos de parques eólicos, como también haría con Endesa, encuentros que el interrogado mantiene que no ha conocido, ni como viceconsejero ni luego como secretario, hasta recibir la documentación de la presente causa judicial.
Las preguntas también han vuelto a versar sobre las sociedades creadas por Delgado, Samuño Activos y Delgado Núñez Activos, así como su relación con Trough Trade vinculada al igualmente encausado y su supuesto testaferro, el letrado Jesús Rodríguez Recio, quien es precisamente el que ha tomado el relevo del exviceconsejero para comenzar a responder a las preguntas del Fiscal Anticorrupción y que, antes de dicho trámite y en calidad de abogado pues se está defendiendo a sí mismo, ha interpelado a su amigo sobre si había percibido alguna dádiva por supuestas operaciones irregulares en la tramitación eólica. «No he recibido cantidad alguna de ninguna de las sociedades aquí acusadas por haber otorgado de forma ilegítima los parques eólicos de los que son titulares», ha sido el broche que Delgado ha puesto a su maratoniano interrogatorio.
45 millones en Suiza y Mónaco
Acto seguido, ha sido Rodríguez Recio –se le piden diez años y medio de cárcel y multa de 25 millones– quien ha aceptado someterse a las preguntas del Fiscal Anticorrupción y de las defensas, no así de la Abogacía del Estado ni de las acusaciones particulares, si bien el presidente del tribunal sentenciador de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid, tras casi cuatro horas de jornada, ha decidido poner fin a la vista de este jueves cuando ni siquiera había concluido sus preguntas el acusador público.
Buena parte de las pesquisas del fiscal, al margen de las relaciones societarias entre Delgado y Recio, se han dirigido a concretar la participación del letrado en el supuesto chantaje que el promotor eólico Carlos Galdón, de la sociedad Avanzalia, denunció en unas de las jornadas del juicio cuando aseguró que el consejero de Economía, el viceconsejero y la «mano derecha» de éste, Tomás Villanueva, Rafael Delgado y el interrogado, respectivamente, a los que llegó a denominar «banda», le paralizaron proyectos y le obligaron a pasar por caja para reactivarlos.
A este respecto, Rodríguez Recio ha defendido la legalidad de todo lo operado y ha explicado que él y otro letrado ya fallecido, Francisco Aguirre, de Aguiase SL, suscribieron en julio de 2007 un contrato de servicios con Avanzalia en virtud del cual facilitaron a dicha mercantil la conexión a la red del parque de Zarapicos y la adquisición de los parques de Peñacabra y Pico Milano, gestiones todas ellas por las que esperaban obtener una remuneración de 10 millones de euros de los que Carlos Galdón pagó únicamente 4,5.
La peculiaridad de la operación es que, como así ha defendido Rodríguez Recio, el dinero obtenido por él, 225.000 euros, y los 2.125.0000 euros más otros 70.000 de un turismo Mercedes percibidos por Aguirre, les fueron abonados por Carlos Galdón a través de dos sociedades 'offshore' de nacionalidad panameña que ambos letrados se vieron obligados a abrir en Mónaco. Los fondos, vía transferencia, recalarían más tarde en otras dos sociedades que los beneficiarios abrieron en Suiza en abril de 2008.
El abogado ha lamentado que se produjeron problemas con Galdón porque no quiso pagar la totalidad del acuerdo al entender que los parques adquiridos a Gamesa y Acciona «no eran muy buenos» y empezó a pedir la devolución de parte de lo que había pagado, lamentó que también ha extendido al hecho de que parte de los fondos obtenidos, más de 700.000 euros, llegó a perderlos a raíz en 2017 de la querella interpuesta por el fiscal que le estaba interrogando. «El resultado final fue desastroso», ha exclamado.
El juicio se reanudará el próximo lunes con Rodríguez Recio de nuevo en el banquillo para que el acusador público complete su interrogatorio y efectúen sus respectivas preguntas el resto de las defensas.
