El cabecilla de la trama eólica le echa todas las culpas a su jefe, ya fallecido

Quien fuera viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León y también secretario general de esta consejería, Rafael Delgado, ha asegurado este miércoles en el juicio de la denominada trama eólica, que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, que toda la planificación eólica de la Comunidad estaba controlada directamente por el entonces consejero de Economía y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva –su jefe, ya fallecido, en 2017–, y que él nunca ordenó la paralización de ningún parque.

Delgado, principal encausado y que se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros, también ha acusado al entonces director general del del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), Ricardo González Mantero, de «proteger» a Villanueva y de atribuirle a él órdenes que nunca dio.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el presunto cabecilla también ha insistido en que el nunca indicó qué empresas debían convertirse en socios locales, aunque ha reconocido que, por indicación del propio Villanueva, era público que se favorecía a las mismas, y también ha recalcado que tampoco presionó a ninguna sociedad para que vendiera sus participaciones a otras.

En su declaración, Delgado ha explicado que Villanueva pactó con Red Eléctrica de España (REE) cómo se asignaban los cupos de evacuación en función de la capacidad de los distintos nudos y explicó que fue este acuerdo con REE y la «avalancha» de proyectos que se recibieron entre 2002 y 2004 lo que provocó que se pusiera en marcha el sistema de avocación, por el que la autorización administrativa debía contar con el visto bueno del viceconsejero.

Según ha explicado, en declaraciones recogidas por Ical, desde la propia REE se recomendó a la Junta centralizar en un único órgano la autorización administrativa de los parques. En todo este proceso, según ha recalcado, él solo se dedicaba a firmar las autorizaciones que procedían de la Dirección General de Energía y Minas.

Al mismo tiempo, también ha señalado que la decisión de asignar al Grupo San Cayetano una potencia de 500 megavatios fue una decisión de Villanueva, que también llegó a acuerdos con Iberdrola para el reparto de potencia.