Fernando Toribio, representante de Vox en la Diputación de Ávila
Vox presenta una moción en Ávila para «repatriar a todos los inmigrantes» ilegales y «garantizar la prioridad nacional»
Fernando Toribio Carrera, portavoz del grupo provincial de Vox en la Diputación de Ávila, lamenta que la inmigración masiva haya «tensionado» los servicios públicos y sea «el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana»
Fernando Toribio Carrera, portavoz del Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Ávila, elevará al Pleno de la Diputación de Ávila el lunes 27 una moción «contra la regularización de inmigrantes ilegales y para garantizar la prioridad nacional».
Toribio ha indicado en el escrito presentado en la Diputación al que ha tenido acceso El Debate que el actual Estado de bienestar «se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos».
A ello, ha indicado, se suma el problema que «ha provocado el colapso de esos servicios públicos y que ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar: la inmigración masiva y descontrolada».
De este modo, Fernando Toribio ha asegurado que «en los últimos años se ha producido en España una profunda alteración demográfica, caracterizada por un incremento acelerado de la población residente que no responde al crecimiento natural de la población española». Y, añade, «en el transcurso de los últimos cinco años, España ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de diez millones de residentes de esta naturaleza».
Ni seguridad, ni servicios públicos
Las consecuencias de este hecho, han añadido desde Vox, es que «la inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia».
La llegada «masiva de tantos inmigrantes en tan poco tiempo está unida a la disminución de la población autóctona, provocada a su vez por cambios en la estructura económica y en el modo de vida en los cuales el bipartidismo tiene asimismo una responsabilidad directa», han subrayado desde la formación de Santiago Abascal. «Ambos procesos están causando una sustitución progresiva de la población de España», han dicho.
Recientemente, han recordado, el Gobierno de España ha aprobado dos normas «que intensificarán aún más los problemas que sufre nuestro país por efecto de la inmigración masiva». La regularización de inmigrantes permite, según apunta Vox, «a todos los inmigrantes ilegales acceder al Sistema Nacional de Salud, premiando de esta manera a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él».
«Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral: conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva», han lamentado.
Esta situación ha obligado a recordar a Fernando Toribio que «la propia jurisprudencia constitucional afirma que existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros; existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces inadmisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio». De ello se desprende, ha añadido, «que la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política».
De esta forma, la petición de Vox en la Diputación básicamente se resume en «garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles»; «repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación»; establecer «la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la emigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles».