El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, visita el Fab Lab León junto a al número dos por León, Mario Rivas (izquierda)
El secretario de Transición Justa del PSOE de Castilla y León dilata su causa por corrupción tras ser aforado
El también alcalde de la localidad leonesa de Villablino, Mario Rivas, realiza «una maniobra de último minuto para ganar tiempo»
el alcalde de la localidad leonesa de Villablino y secretario de Transición Justa de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León, Mario Rivas, ha conseguido dilatar los tiempos de su causa por corrupción tras acreditar que ya es aforado, al ser elegido procurador en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones en Castilla y León del pasado 15 de marzo.
Rivas, que iba de número dos en la lista de los socialistas en León mantiene todos sus cargos y, además, ha sido premiado por su partido, pese a que los estatutos dicen que debería estar fuera, al estar investigado por un delito de tráfico de influencias.
Por el contrario, el PSOE de Castilla y León, liderado por el exalcalde de Soria Carlos Martínez, decidió que Rivas fuese en los puestos de salida en los pasados comicios, lo que le aseguraba pasar a ser aforado. Todo ello después de darle un cargo en el máximo órgano ejecutivo del partido en la Comunidad.
El señalamiento, previsto para este lunes, ha quedado suspendido, al haber perdido el juzgado su competencia por el aforamiento, materializado el 14 de abril, en la sesión constitutiva de la Cámara autonómica. De acuerdo con la documentación que obra en poder de El Debate, el Tribunal de Instrucción nº2 de Ponferrada se ha inhibido, por lo que ahora la causa pasará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Como ya publicó este diario, el primer edil de Villablino encargó a la empresa Lasercor –encargada de la nueva fachada del estadio Santiago Bernabeu– dos carteles para su ganadería familiar, Rivas López, para que la entrega se le hiciera al propio Consistorio.
Fuentes conocedoras del caso señalan que «lo único que se ha conseguido, por ahora, es aplazar una declaración que era relevante y comprometida»
El importe fue de apenas algo más de 277 euros, pero deja ver una forma de proceder en la que las instituciones públicas, según denuncia fuentes conocedoras del caso, se convierten en una suerte de «cortijo» para algunos cargos públicos que no distinguen de forma clara dónde acaba lo público y comienza lo privado.
La mismas fuentes apuntan a que, pese a que el procedimiento ahora se alarga con el cambio de manos judicial y la figura de protección de la función pública de la que ahora goza el nuevo parlamentario socialista, «no se ha desmontado ninguna de las piezas nucleares del caso».
«No ha aparecido el justificante de pago privado anunciado durante meses, no se ha explicado el correo institucional del técnico, no se ha aclarado el albarán municipal ni el informe del interventor. Lo único que se ha conseguido, por ahora, es aplazar una declaración que era relevante y comprometida», apuntan. Y zanjan: «No estamos ante una exoneración, sino ante una maniobra de último minuto para ganar tiempo y evitar responder en sede judicial ordinaria sobre una cadena documental que sigue sin explicación convincente».
