Un lobo en Puebla de Sanabria, en Zamora
La «rebeldía» del Gobierno de Sánchez con el lobo alienta la caza furtiva en una Castilla y León harta de ataques
La Junta lidera acciones judiciales en Europa, después de que el Ministerio de Aagesen llegara a afirmar que la CE había concedido una prórroga para remitir el informe sobre su conservación cuando en realidad le había abierto un expediente
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, manifestaba este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una postura de «rebeldía intolerable» después de que en julio de 2025 finalizase el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico.
Esta semana, Castilla y León, la más afectada, al contar con el mayor número de ejemplares de Canis lupus signatus, anunciaba que, junto a otras 13 comunidades autónomas, iniciará acciones judiciales contra el Ejecutivo central por incumplir tanto la normativa española como la europea en este ámbito.
De hecho, el Ministerio que lidera Sara Aagesen llegó a afirmar que la Comisión Europea había concedido una prórroga para remitir el informe, pero en realidad Bruselas le había abierto un expediente sancionador a España precisamente por no haberlo recibido. «Es una rebeldía intolerable, una rebeldía que está causando asombro», enfatizaba Suárez-Quiñones.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones
Las acciones judiciales responden a que la actitud del Ejecutivo central, según explicaba el consejero, hace que esté «en peligro» el medio rural, así como «la propia supervivencia del lobo». «Aparecen lobos eliminados de forma irregular. Esto tiene que ser controlado por la administración y eso es lo que reclamamos», apostillaba cuando hacía solo unas horas se había informado del hallazgo de un lobo abatido a tiros de forma furtiva en el norte de Zamora.
6.400 cabezas de ganado muertas
Suárez-Quiñones negaba tener constancia de la aparición del animal con dos orificios de bala, ante lo cual Ecologistas y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) señalaban al Gobierno presidido en funciones por Alfonso Fernández Mañueco, al entender que la permisividad en los controles se ha convertido en «un caldo de cultivo perfecto» para el furtivismo. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna.
Un lobo en el Centro del Lobo Ibérico en la localidad de Robledo-Puebla de Sanabria (Zamora)
Y es que, más allá de hechos puntuales como este, el problema es de fondo, según la Junta. El Gobierno de Sánchez, añadía el consejero del ramo, le impide al Ejecutivo autonómico y a la sociedad rural gestionar el lobo e imposibilita que haya controles de población mediante la caza y «ahí es donde hay daños desproporcionados». En este contexto, recordaba que el pasado año en la Comunidad el lobo mató a 6.400 cabezas de ganado, lo que suponía «el abandono» de los ganaderos y «pone en peligro» el medio rural.
Ello desemboca, proseguía el consejero, en consecuencias «muy negativas» como el «embastecimiento» del medio rural, que se encuentra de este modo más proclive a padecer incendios. «Es una cadena destructiva y el Gobierno, por razones ideológicas, está impidiendo que eso cambie», indicaba el responsable de la gestión de los incendios el pasado verano en la región.
