El pacto del PP y Vox en Castilla y León, más cerca pese a sus discrepancias sobre la inmigración

Más de dos meses después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, celebradas el pasado 15 de marzo, el Partido Popular y Vox siguen sin cerrar el acuerdo de gobierno que permita investir al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta por tercera vez consecutiva. Sin embargo, el PP da casi por hecho que el pacto es cuestión de tiempo.

El portavoz de la Junta en funciones y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó este jueves que existe un «acercamiento» entre las partes y que las «sensaciones son favorables». «Yo creo que sí va a haber pacto», afirmó tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde destacó la «muy buena disposición» de ambos partidos y su voluntad de «aproximar posturas». La pregunta, por tanto, ya no es si habrá acuerdo, sino cuándo y en qué términos.

Las negociaciones se desarrollan, según ambas partes, «medida a medida», con discreción y «sin prisa», un mensaje, este último, que han repetido insistentemente a lo largo de los últimos días. El modelo que ambas formaciones de derechas manejan es más ambicioso que el firmado en 2022, que articuló la colaboración en torno a 11 ejes y 32 acciones. Esta vez, el texto será más extenso y detallado, con plazos y garantías de cumplimiento.

Uno de los puntos que más ha tensado las conversaciones es el de la inmigración. Como ya informó El Debate, la llamada «prioridad nacional» en las ayudas sociales o la vivienda, reivindicación recurrente de Santiago Abascal, es uno de los principales escollos sobre la mesa. «Es una cuestión irrenunciable», dijo hace unos días Carlos Pollán, portavoz de Vox en las Cortes, al igual que participar en el futuro Gobierno. Hasta el momento, el PP ha eludido pronunciarse sobre la «prioridad nacional», limitándose a remitir la cuestión a un eventual pacto futuro cuando este se formalice.

Hay recordar que el anterior ejecutivo de coalición entre PP y Vox saltó por los aires por la inmigración. Vox decidió abandonar los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en 2024 tras el choque político por el reparto de los menores extranjeros no acompañados (menas) entre comunidades. «El comité ejecutivo nacional de Vox constata que los acuerdos están rotos y retira el apoyo parlamentario. Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición», anunció entonces el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El otro gran asunto del pacto es el reparto de poder. El PP asume que Vox replicará el esquema de 2022 y reclamará la Vicepresidencia –que apunta al portavoz parlamentario Carlos Pollán– y en torno a tres consejerías. Fuentes 'populares', no obstante, reconocían hace unos días desconocer cuáles pedirá el partido de Abascal. En 2022 fueron Industria, Empleo y Comercio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Cultura, Turismo y Deporte.

La investidura

El primer intento de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, todavía sin fecha, requerirá mayoría absoluta para prosperar. Esto implica que el actual presidente en funciones necesitará necesariamente el voto afirmativo de Vox

Si la investidura no prospera, en un segundo intento ya no será necesaria la mayoría absoluta, sino que bastará con la mayoría simple. En cualquier caso, la votación deberá celebrarse antes del 10 de julio, fecha límite para la designación de los senadores autonómicos, según el Reglamento de las Cortes.