La presidenta del Supremo reprende con dureza al Gobierno por sus «campañas de desprestigio» hacia la Justicia

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, le ha echado un rapapolvo al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE por sus continuos ataques a la Justicia al verse inmersos en una ciénaga de corrupción que le afecta por varios frentes que rodean al entorno del presidente, Pedro Sánchez. Perelló ha desmontado durante una conferencia en Ávila la teoría de la conspiración de la campaña orquestada y la ofensiva judicial contra los socialistas, que lideran el Ejecutivo, y, especialmente, en los casos de corrupción que atañen al círculo de Sánchez, tales como los de su esposa y su hermano.

En este contexto, Perelló, quien ha clausurado en la capital castellana las XXIV Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales de España, en un evento celebrado en el Hotel Palacio de los Velada, ha sostenido que «no se pueden contraponer votos a control judicial y Estado de Derecho», porque «la democracia no consiste solamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también están sometidos a la Ley y al Derecho».

«La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su condición, encuentra un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley», ha añadido la jueza, quien ha recordado que son ellos «quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria», y que por ello «deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio», en alusión tampoco demasiado velada al Gobierno Sánchez y su partido.

También ha indicado Perelló que la independencia de los miembros del Poder Judicial «es uno de los valores que garantizan que la separación de poderes y, por ende, el Estado de Derecho, sean una realidad» y ha agregado que «los jueces ejercen su función constitucional con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de la ley y el Derecho, sin ninguna otra finalidad».

Por ello, ha advertido de que todo intento de «injerencia» en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho y pone en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad, para añadir que el respeto a esa independencia es una responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Carrera Judicial, y en especial del Consejo General del Poder Judicial, «pero también del resto de los poderes públicos».

«Hay un salto cualitativo»

La presidenta del TS y del CGPJ ha agregado que todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pero que «hay un salto cualitativo cuando esa crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible». En este sentido, tras recordar que el sistema procesal cuenta con mecanismos de garantía suficientes para corregir las resoluciones que contengan errores, mediante su revisión por jueces distintos a los que las han adoptado, ha lamentado que, en la actualidad, se produzcan «graves críticas y descalificaciones a las instituciones garantes del Estado de Derecho».

Perelló ha avisado de que «estas dinámicas olvidan que son los jueces, independientes e imparciales, quienes protegen y tutelan los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; y quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho y que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria».

Perelló ha zanjado su intervención instando a que, «frente a esta situación, debemos reforzar y profundizar los principios que sustentan nuestro trabajo y continuar con nuestra función de garantes de los valores de la Constitución Española. Con independencia, neutralidad e imparcialidad».