El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen
Operación Fuentona
El caso de corrupción del PSOE en el Ayuntamiento de Soria salpica a dos ministerios del Gobierno de Sánchez
El PP ha registrado en el Senado una batería de preguntas para esclarecer un posible «chivatazo» sobre el registro de la UCO en el Ayuntamiento de Soria
la presunta trama de corrupción desmantelada esta semana en el Ayuntamiento de Soria –gobernado por el PSOE desde hace 19 años– salpica ya a dos ministerios del Gobierno de Sánchez. A la detención de una funcionaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, se suma el foco situado sobre el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska por el posible chivatazo previo al registro de la Guardia Civil en el Consistorio soriano.
La primera derivada de la investigación alcanzó al departamento de la también vicepresidenta tercera. Entre los siete detenidos por la Guardia Civil figuraba Marta Viu, jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del ministerio y funcionaria de carrera desde 2009. La operación también se saldó con el arresto de la ya exconcejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos; su marido; dos personas relacionadas con la empresa Biosfera Soria S.L.; y otros dos implicados. Todos los detenidos fueron puestos en libertad el pasado miércoles.
Según las primeras averiguaciones, la empresa Biosfera Soria S.L. habría recibido varias adjudicaciones bajo sospecha del Ayuntamiento de Soria durante la etapa en la que Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, ocupó la Alcaldía.
«¿El ministro o alguien cercano les dio el chivatazo?»
El presunto caso de corrupción en Soria ha abierto además un nuevo frente que apunta directamente al Ministerio del Interior. La tarde de este jueves, el Ayuntamiento de Soria ha asegurado que fue una notificación del juzgado la que llegó el lunes al alcalde de la ciudad, el socialista Javier Antón, para que, como «custodio» de la documentación del Consistorio, facilitara el acceso a la misma cuando fuera requerida por una investigación judicial en curso.
Fuentes del gabinete del alcalde han explicado a Efe que en ese oficio, que se encuentra depositado en el Ayuntamiento, el juzgado no detallaba la fecha en la que ese requerimiento de documentación iba a producirse, algo que finalmente ocurrió al día siguiente a primera hora de la mañana. Sin embargo, las sospechas sobre un chivatazo a Martínez, siguen ahí.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una batería de preguntas en el Senado para que Fernando Grande-Marlaska aclare si su departamento tenía conocimiento previo de la fecha y del contenido del operativo policial desplegado. Asimismo, reclama saber si el Gobierno ha iniciado algún procedimiento para investigar una posible filtración, si la Subdelegación del Gobierno en Soria fue informada con antelación del registro y si existe constancia de que dicha información fuera comunicada a miembros del equipo de gobierno municipal.
Grande-Marlaska, en una imagen de archivo
Los 'populares' sostienen que las explicaciones del ministro son necesarias después de que el entonces alcalde de Soria, Carlos Martínez, asegurara un día antes del operativo que la Guardia Civil iba a acudir al Ayuntamiento para solicitar documentación relacionada con la investigación. Para el PP, esas declaraciones hacen necesario aclarar si alguien conocía con antelación el desarrollo del dispositivo.
«¿Cómo es posible que lo supiese? ¿Acaso el ministro Marlaska o alguien cercano les dio el chivatazo?», se pregunta García, quien mostró su preocupación porque «una advertencia de este tipo puede significar una destrucción de pruebas que comprometa seriamente la investigación». «Si se confirma que hubo una advertencia a Carlos Martínez o cualquier otra persona, estaríamos hablando de algo muy grave ante lo que no vamos a quedarnos callados», añadía la portavoz.
Mientras, Carlos Martínez volvió a negar ayer el «chivatazo» y circunscribió la investigación en la ya exconcejal Yolanda Santos. «Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos objeto ni investigación ni de acusación alguna», dijo.
Adjudicaciones irregulares
La operación desplegada por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria y en varios domicilios tiene su origen en una denuncia presentada por un empresario ante la Fiscalía Provincial. La causa se centra en las presuntas adjudicaciones irregulares a Biosfera Soria S.L., empresa vinculada a la concejal Yolanda Santos.
La investigación analiza la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
