Martínez y el PSOE, acorralados por los indicios de un chivatazo del registro en el Ayuntamiento de Soria

Una información publicada y posteriormente corregida en El País sobre cuándo conoció Carlos Martínez, líder del PSOE en Castilla y León y exalcalde de Soria, el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de la capital soriana ha abierto un nueve frente político que acorrala al socialista. El cerco se ha estrechado en las últimas horas después de que PP y Vox aseguraran que el actual regidor de Soria, Javier Antón, les confirmó que el Consistorio conocía con antelación que la Guardia Civil iba a registrar las dependencias municipales.

Así lo trasladó Antón durante la reunión de portavoces celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Soria. Según relataron ambos grupos municipales, el alcalde reconoció que el Consistorio recibió el lunes, alrededor de las 13.00 horas, una comunicación en la que se le informaba de que agentes de la Guardia Civil acudirían al día siguiente a las dependencias municipales para llevar a cabo el registro.

Un extremo que, a juicio de ambos grupos, obliga a aclarar en qué circunstancias se produjo la comunicación previa. De hecho, el Grupo Municipal Popular registró ayer mismo una solicitud formal de información. Los populares subrayan que no pretenden interferir en la investigación ni acceder a información protegida por el secreto de sumario, sino esclarecer cómo se gestionó administrativamente esa comunicación.

Las dos versiones de El País

La revelación llega apenas unas horas después de la polémica generada por una información publicada y posteriormente modificada por El País. En una primera versión de la información sobre el registro del Ayuntamiento soriano, el periódico aseguró que Martínez sabía «desde el lunes» que los agentes acudirían al Consistorio para solicitar documentación relacionada con un presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, horas después el diario modificó el texto y sustituyó esa referencia temporal por «esta mañana», en alusión al martes, jornada en la que tuvo lugar la actuación de la Guardia Civil.

Tras el revuelo, el propio líder socialista negó haber sido informado el día anterior y achacó lo ocurrido a un error. Según su versión, tuvo constancia de la investigación cuando ya se estaba desarrollando, tras recibir una comunicación desde el Ayuntamiento. «Debido a su asistencia en Tánger, Marruecos, con motivo del Foro de Ciudades intermedias, Martínez asegura estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el propio Ayuntamiento esta mañana y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación», explicaron los socialistas de Castilla y León en un comunicado.

Antes de que el dirigente socialista se pronunciara sobre el cambio de la información, varios usuarios de X, entre ellos la diputada 'popular' Ana Vázquez Pardo, difundieron capturas de la información publicada por El País y denunciaron lo que calificaron como un «inadmisible chivatazo».

Vox presenta una querella

La sospecha de que pudo existir una filtración sobre una actuación que se desarrollaba bajo secreto de sumario ha llevado a Vox a presentar una querella criminal en los juzgados de Soria para que se investigue una posible revelación de secretos.

En su escrito, la formación liderada por Santiago Abascal pide al juzgado que investigue el origen de la supuesta filtración y que determine quién tuvo acceso a esa información antes de la actuación policial. Además, solicita que Martínez declare para precisar quién le advirtió del operativo, cuándo recibió ese aviso y por qué vía le fue comunicado.

PP también estudia emprender acciones legales y exige explicaciones a Martínez. El primero en reclamarlas fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien pidió una «explicación inmediata» y apuntó a un posible «chivatazo» sobre unas actuaciones que se desarrollaban bajo secreto de sumario. «Estamos hablando de un caso que supuestamente está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, si alguien alertó a Carlos Martínez sobre la operación de la UCO, existe el riesgo de que su entorno en el Ayuntamiento de Soria pueda destruir pruebas», sostuvo Tellado durante una entrevista en el programa Código 10.

Tellado calificó de «grave» lo ocurrido y consideró «muy preocupante» la situación, al tiempo que reclamó aclaraciones sobre quién pudo informar al secretario general del PSCyL de una actuación judicial que permanecía bajo secreto.

Las críticas continuaron en boca de la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, quien aseguró que el caso «huele a chivatazo» y exigió al líder socialista que aclare «quién» le informó y «cuándo» tuvo conocimiento de la actuación policial. «¿Quién avisó al señor Martínez y cuándo se le avisó de que se iba a producir ese registro?», planteó García, quien sostuvo que el dirigente socialista podría estar encubriendo un presunto delito de revelación de secretos, una posibilidad que calificó de «gravísima».

La dirigente popular fue más allá y avanzó que el PP de Castilla y León, junto al de Soria, está explorando «todas las vías posibles» para esclarecer lo ocurrido. De esta forma, no descartó emprender acciones judiciales ante un caso que, a su juicio, «huele fatal» y «le pilla por todos lados» a Carlos Martínez.

A la ofensiva se sumó también el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien calificó de «gravísimo» que alguien pudiera haber facilitado información «privilegiada» y «con antelación» al líder socialista sobre una operación que se desarrolló bajo secreto de sumario. «Eso me parece gravísimo», dijo Mañueco, quien también reclamó explicaciones sobre lo ocurrido y recordó que los hechos investigados se remontan a la etapa en la que Martínez gobernaba el Ayuntamiento de Soria, cargo que ocupó durante casi dos décadas antes de abandonar la Alcaldía el pasado mes de abril.

Tráfico de influencias

La investigación judicial permanece bajo secreto de sumario y se centra en la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La operación desarrollada por la Guardia Civil ha saldado hasta el momento con siete personas detenidas, todas ellas en libertad tras prestar declaración.

En el caso de Yolanda Santos, concejal de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, renunció a su acta y se dio de baja como militante del partido. El PSOE de Soria ya había acordado solicitar la suspensión cautelar de militancia de la ya exconcejala «mientras se esclarecen los hechos» y se desarrollan las actuaciones internas del partido y el procedimiento judicial.

Santos, que pasó la noche en los calabozos de la Guardia Civil, aseguró que entrega el acta y se da de baja de PSOE «desde la responsabilidad personal e institucional, con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista» a los que agradece la confianza que han depositado en ella durante este tiempo. «Considero que esta es la decisión más prudente en este momento», dice el comunicado. En él, aseguró que mantiene su «plena tranquilidad y absoluta confianza en la Justicia, en su trabajo y en que todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho».