Manifestación en favor del consitucionalismo en Cataluña celebrada en 2017
El constitucionalismo planta cara al separatismo en Cataluña
A raíz del auge del procés se han constituido diferentes entidades de la sociedad civil que defienden la neutralidad de las instituciones o el bilingüismo
Entidades como Convivencia Cívica Catalana, Sociedad Civil Catalana, S’ha Acabat, la Asamblea por una Escuela Bilingüe o Impulso Ciudadanos son algunas de los ejemplos de entidades constitucionalistas que han surgido en los últimos años para hacer frente al separatismo o la imposición del catalán. En la mayoría de casos nacieron a raíz del proceso independentista, que tuvo su auge con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Entidades que han conseguido logros importantes, como llevar a juicio por desobediencia al expresidente de la Generalitat Quim Torra, la sentencia que obliga a dar al menos un 25% de las clases en castellano o el proceso que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern han venido precisamente de la iniciativa de estas asociaciones. Asociaciones que no reciben subvenciones públicas y que viven, en gran medida, de las donaciones.
Quim Torra, expresidente de la Generalitat de Cataluña
Hace sólo unos días, la consejera de universidades, Gemma Geis, decía en sede parlamentaria que la Universidad no tenía que ser neutral. Lo decía a cuentas de una nueva condena a una universidad pública catalana, en este caso la UPC, por vulnerar su deber de neutralidad ideológica. Un juzgado del contencioso-administrativo consideró nulo el acuerdo del Claustro de esta universidad en el que se denunciaba la «injusticia» de las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern que estaban siendo investigados por la política exterior de la Generalitat.
Precisamente para luchar por una universidad de todos nació Universitarios por la Convivencia. Lo hizo en 2018 y agrupa a un colectivo de profesores de enseñanza superior e investigadores catalanes que se marcó como objetivo prioritario «trabajar para que nuestras universidades dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros, vulnerando así nuestra libertad ideológica». Desde esta plataforma recuerdan los pronunciamientos de los equipos directivos de muchas universidades en 2017, en pleno auge del proceso independentista «impulsando declaraciones con un mismo sesgo político y llamando a concentraciones ante diversas actuaciones policiales y judiciales». Y es que, efectivamente, todas las universidades públicas, excepto la de Lleida, se adhirieron, por ejemplo, al llamado Pacte Nacional pel Referèndum (Pacto Nacional por el Referéndum), una suerte de plataforma que aglutinaba a partidos políticos y entidades sociales, culturales y económicas a favor de un referéndum pactado.
«Usar la lengua que cada uno elija»
Isabel Fernández Alonso es una de las promotoras de Universitarios por la Convivencia. Lamenta que hasta los rectores se «pliegan» a las tesis independentistas. Y, en definitiva, que haya «haya un intento de uniformización lingüística e ideológica». Y de ahí que defiendan también «la defensa de los derechos fundamentales que se ejercen en el ámbito universitario, con atención especial a la libertad ideológica, la libertad de expresión, la autonomía universitaria, el derecho a la educación y el derecho a usar la lengua que cada uno elija».
Miembros de la organización estudiantil 'S'ha acabat!' exhiben carteles frente a una concentración ante su carpa informativa en el campus de la UAB
También la lengua se ha convertido en otro de los caballos de batalla de la asociación, especialmente a raíz de las campañas de delación impulsadas desde el propio gobierno de la Generalitat, pero también por parte de entidades independentistas, como Plataforma per la Llengua, para que se denuncie a profesores que utilicen el castellano en sus clases.
Pero en esa intervención parlamentaria la consejera de Universidades, Gemma Geis, también mostraba su apoyo a unos estudiantes condenados por rajar una bandera de España. Apoyo que nunca ha mostrado a los jóvenes de S’ha Acabat cuando han recibido ataques en diferentes campus de Cataluña. Recientemente, han sufrido acoso e intentos de agresión en la Universidad Autónoma de Barcelona y también en la Universidad Pompeu Fabra. Es más, la consejera ha instado a los rectores a que no autoricen actos de esta asociación estudiantil.
S’ha Acabat-Jóvenes por la Defensa de la Constitución también nació en 2018 como antídoto al activismo separatista en las universidades, donde está muy movilizado y donde opera con casi total impunidad. S’ha Acabat está integrado por jóvenes de entre 18 y 35 años y cuenta con medio millar de asociados. Realizan sobre todo actos en las universidades, conferencias, debates o concentraciones. Y ha sido en la UAB donde más problemas han tenido. Sus carpas han sido atacadas en varias ocasiones, han acabado destrozadas y los miembros de la entidad también han sido acosados. Uno de los incidentes más destacados fue el intento de boicot que sufrió la entidad cuando organizó un acto en la UAB sobre «Europa, los populismos y los nacionalismos» en 2019. Asistían políticos como la candidata del PP en las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, o la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa. Un grupo de radicales trató de impedir que entraran al lugar en el que se iba a celebrar esta conferencia, pero finalmente los constitucionalistas consiguieron acceder, literalmente a empujones, por la fuerza, enfrentándose a los radicales. Y a pesar de las reticencias de la entonces rectora, Margarida Arboix, los mossos tuvieron que hacer acto de presencia en el campus para disolver al grupo separatista.
El modelo de inmersión lingüística
S’ha Acabat también forma parte de la plataforma «Escuela de Todos» para conseguir que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. Precisamente, el vicepresidente de la entidad juvenil destacaba que «ha tenido que ser la sociedad civil quien resuelva los problemas que han provocado nuestros políticos». Y es que, al menos, en lo que respecta al uso de castellano en las escuelas, ha sido la sociedad civil la que ha tirado del carro.
Especialmente la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que lleva batallando desde 2014. Con Ana Losada al frente ha ido consiguiendo pequeñas victorias frente a la Generalitat para defender los derechos lingüísticos de los catalanes, para defender una educación bilingüe en Cataluña. Desde entonces, y sin recibir subvenciones públicas, la entidad ha conseguido resquebrajar el modelo de inmersión lingüística, gracias a las diferentes sentencias judiciales que les han ido dando la razón: el castellano se excluye como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. Pronto llegaron los primeros casos que ganó la entidad. Se consiguió que en la clase de los padres que así lo solicitaban se dieran más horas de castellano. Primero fue un colegio de Sant Cugat, «El Pinar», luego llegaron otros casos, como el de Balaguer o Castelldefels. Poco a poco fueron llegando más sentencias favorables que anulaban directamente los proyectos lingüísticos de algunos centros educativos. Y a partir de ahí se consiguió que el TSJC fijara un porcentaje: al menos el 25% de las clases en todos los centros en Cataluña debían darse en una de las lenguas oficiales, en castellano o en catalán. Sentencia que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y que la Generalitat tiene que ejecutar. Y en eso está ahora la AEB que presentó una demanda de ejecución de sentencia con el apoyo de 1.600 familias cuyos hijos están en el sistema educativo catalán.
Un operador de TV toma imágenes en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona)
En esta línea también se ha movido Convivencia Cívica Catalana, aunque la entidad ya es más veterana. Nació en 2009. También está implicada, junto a ‘Hablemos Español’, para que se cumpla la sentencia del 25% de castellano. Para ello está llevando a cabo una estrategia en varios frentes. También desde su constitución ha luchado por la defensa del bilingüismo y ha publicado informes en los que, por ejemplo, se denuncia los altos costes de los parlamentos autonómicos, especialmente del catalán, que es el más caro de todas las comunidades autónomas. O también ha hecho un perfil sobre el profesorado catalán, en el que entre otras cosas se asegura que más de un 40% de los profesores en Cataluña se sienten «únicamente catalanes», el doble que la media de la población. En definitiva, el maestro, según este informe, es la profesión más independentista de Cataluña.
Lazos amarillos y esteladas
Una estelada en la Universidad de Barcelona
Impulso ciudadano. Está presidida por José Domingo, que fue uno de los tres primeros diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Desde esta entidad se han denunciado reiteradamente la vulneración de la neutralidad en las instituciones y los edificios públicos. Y ha conseguido que algunos ayuntamientos hayan tenido que retirar simbología separatista como lazos amarillos, pancartas a favor de los políticos independentistas presos o esteladas. Retirar simbología separatista, pero también que se cumpla la Ley de Símbolos oficiales y ondee la bandera de España en la fachada de los edificios públicos. También fue esta entidad la que batalló judicialmente para que el expresidente de la Generalitat Quim Torra retirara la pancarta independentista de la Generalitat.
Sociedad Civil Catalana: es la entidad constitucionalista de referencia, la que consiguió llevar a cabo la movilización más importante del constitucionalismo tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Más de un millón de personas se manifestaron el 8 de octubre por las calles de Barcelona bajo el lema: Prou! Recuperem el seny» ('¡Basta! Recuperemos el sentido común'). Aquel día, Josep Borrell, Mario Vargas Llosa o Carlos Jiménez Villarejo leyeron el manifiesto final
La entidad nació en 2014 como «una plataforma cívica transversal que trabaja por una Cataluña próspera, abierta y plural dentro del proyecto común español y europeo». Y, de hecho, en su junta directiva acoge a personalidad de distintas sensibilidades políticas. Y prácticamente desde su nacimiento, la entidad ha recibido duros ataques por parte del entorno independentista. Hasta el punto que algunas de estas entidades separatistas y también políticos, como el actual concejal de ERC, Ernest Maragall, fueron condenados por acusar al entonces presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, de ser un declarado admirador de Blas Piñar,«famoso líder político de extrema derecha», decían. Y también instaban a las instituciones europeas a no conceder más premios, como el que recibió SCC, a «movimientos y asociaciones vinculadas con ideas extremistas y xenófobas que no tendrían que recibir nunca más ningún premio por parte de esta institución». Y es que no sentó nada bien entre el independentismo que le fuera concedido a la entidad uno de los premios Ciudadano Europeo 2014 por «promover valores como el diálogo», un premio al que también aspiraba la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
También la entidad dirige ahora su mirada a Bruselas. Recientemente, ha denunciado ante la Comisión Europa el acoso a jueces y fiscales en Cataluña, lo que está provocando una fuga de estos colectivos. Y es que la judicatura ha estado en el punto de mira de los separatistas. Durante el ‘procés’ se atacaron sedes judiciales, pero también domicilios particulares, como el del instructor del tribunal Supremo Pablo Llarena. Hace sólo unos días Sociedad Civil Catalana cambió de presidente: la actual responsable es Elda Mata.
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