El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont
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El Cesicat, o el intento del separatismo por tener su 'CNI catalán'
El PSC denunció a la fiscalía los seguimientos que el Cesicat había hecho a periodistas y activistas en 2013. Este organismo también aparecía en la documentación de la 'operación Judas'
Desde el ámbito separatista se ha puesto el grito en el cielo por el presunto caso de espionaje a políticos y entidades afines al independentismo con el programa Pegasus, que infecta los teléfonos móviles de los afectados. Pero pocos se acuerdan del intento, especialmente en pleno auge del procés, por materializar un 'CNI catalán', y cuyo embrión tenía que ser el Cesicat, el Centro se Seguridad de la información de Cataluña. Nació en 2009 impulsado por el tripartito y su objetivo era velar por la seguridad de las tecnologías de la información, las TIC.
Pronto empezaron a empezar a aparecer las primeras informaciones que apuntaban que, desde el centro, se elaboraban informes de periodistas o de activistas, entre otros, que iban a parar posteriormente a la unidad de información de los Mossos d'Esquadra. Así se filtraba hace casi diez años en Twitter, por el colectivo Anonymous, y también en los medios de comunicación. Por ejemplo, El Confidencial explicó que este organismo, el Cesicat, estudiaba software espía para introducirlo en móviles. De hecho, se ha llegado a reconocer el interés de la Generalitat poro el propio programa Pegasus, pero ni se planteó su compra porque era demasiado caro, según ha reconocido el exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sámper. Se optó finalmente por otro programa, el Cerberus, que, de igual modo, tiene como objetivo acceder a los teléfonos móviles.
En cualquier caso, el PSC, a finales de 2013 denunció a este organismo, al Cesicat, ante la Fiscalía por el seguimiento a determinadas personas y también por el uso de un «programa espía» en teléfonos móviles de escoltas de los Mossos d'Esquadra. Entonces este organismo dependía de la Consejería de Interior, y el que fuera su responsable, Felip Puig, reconoció que se habían hecho estas actividades. Por cierto, el entonces director del Cesicat era Jordi Puigneró, actual vicepresidente de la Generalitat y consejero de Políticas Digítales.
Y el 26 de octubre de 2017, unas semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre, se vivieron varias horas de muchísima tensión después de que agentes de la Policía Nacional con arma larga en mano bloquearan varias furgonetas sin logotipar de los Mossos de Esquadra. El destino era la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Mandos del CNP consiguieron la autorización de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para intervenir esta documentación. La Policía tenía sospechas de que los Mossos intentaban destruir documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Finalmente se intervinieron 36 cajas. Había documentación que tenía que ver con el referéndum, pero también se hallaron informes «sobre actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc.», decía un informe elaborado por la Brigada de Información del CNP.
Los espiados
Y en estas cajas también había documentos del Cesicat. La Policía Nacional ya apunta que se habría espiado a personas o políticos constitucionalistas «utilizando el sistema de espionaje denominado Cerberus, que habrían aplicado, como mínimo, a teléfonos móviles smartphones». ¿Y quienes fueron vigilados? El abogado José María Fuster-Fabra, el expresidente de SCC Josep Ramón Bosch o el secretario general del sindicato policial SPC, David José, entre otros. Varios de los afectados presentaron una querella. De hecho, se abrió una investigación judicial. El juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona sobreseyó el caso, decisión que fue ratificada posteriormente por la Audiencia de Barcelona. Ahora este tema está recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que en algunos de los expedientes de los espiados también se incluían fotografías y grabaciones, hasta de una boda en Madrid, a la que asistió el abogado Fuster-Fabra. Los partidos independentistas se negaron a que se pudiera constituir una comisión de investigación para esclarecer estos hechos.
El Cesicat vuelve a aparecer posteriormente, en este caso en el marco de la operación Judas, operación llevada a cabo por la Guardia Civil en 2019 y en la que se detuvieron hasta 13 miembros de los llamados Equipos de Respuesta Táctica, de los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez de la Audiencia Nacional, Manuel Castelló, decía que estos ERT disponían de una «estructura jerarquizada» y destacaba el papel del «CNI catalán», que «asumió y planificó» diferentes acciones, como la ocupación del Parlament y su posterior defensa, e incluso el sabotaje de algunas infraestructuras básicas.
El juez dejaba claro que los detenidos habían dado inicio a un plan «de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el día D, con el fin de subvertir el orden constitucional». El Cesicat como tal despareció en 2019 y pasó a convertirse en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
En cualquier caso, y especialmente durante el procés, no sólo se cuestiona el papel del Cesicat. Hay que recordar las palabras del entonces senador de ERC Santiago Vidal, a finales de 2016, quien en conferencias que iba dando por toda Cataluña explicaba que «la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal». La Generalitat lo negó y Vidal tuvo que dimitir. Y también se presentaron denuncias por el uso ilegal de datos personales de los catalanes para elaborar el censo del referéndum ilegal del 1 de octubre. Causa que sigue investigando el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, los preparativos de esta consulta.
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