El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha salido con la suya, y aunque sea con unos dos meses de retraso, ha conseguido que el Parlament apruebe los presupuestos para este 2023. Y lo ha hecho con los votos del llamado tripartito: además de ERC, PSC y los comunes. Han votado en contra Vox, Junts, CUP, Ciudadanos y PP.
Y ha sido posible gracias a meses de negociaciones entre los grupos parlamentarios, llevadas, a veces, hasta el límite. Y es que por el camino Pere Aragonès se ha encontrado muchas piedras. De ahí que empezara defendiendo que su prioridad era la «mayoría independentista del 52%», es decir, Junts, CUP y por supuesto ERC. Es más, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, llegó a asegurar que, con el PSC, ni agua.
Y de esa mayoría independentista, Aragonès pasó a hablar de los «presupuestos de país», que debían contar con el máximo apoyo , lo que incluía a comunes y PSC, o lo que es lo mismo, al «tripartito». En medio de este panorama, recordemos, Junts abandonó el Govern.
Y desde Junts cargan las tintas contra Aragonès. El presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, le ha reprochado que haya preferido el «tripartito autonomista» y haya «roto» la mayoría independentista del Parlament. Por este motivo, cree que en Madrid están «muy contentos», mientras que esa mayoría independentista «estamos tristes». Para Batet, este pacto con PSC y comunes, supone, de facto, que se ha «sellado el tripartito».
Macroproyectos y gasto histórico
Si finalmente se llegó a un acuerdo con los socialistas, es porque Pere Aragonès cedió en algunas cuestiones y permitió que se incorporaran algunos «macroproyectos» que en ERC no quieren ver ni en pintura, como la B-40, la ampliación del aeropuerto del Prat o el Hard Rock en Tarragona.
Más allá del debate político, los presupuestos de la Generalitat contemplan un gasto histórico de 41.025 millones de euros, lo que supone un incremento de 2.885 millones (7,6%) respecto a las cuentas de 2022, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 31.408 millones de euros, 4.152 más (5,2%). Unas cuentas que también contemplan más gasto en temas identitarios, como la política exterior, las llamadas embajadas, el catalán o la radio y la televisión pública catalana.