El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa con el presidente de ERC, Oriol Junqueras
Cataluña
Se institucionaliza el cordón sanitario a Vox en Cataluña
Además del Govern, lo suscriben PSC, comunes, ERC, Junts, CUP y periodistas
«Por una campaña electoral libre de discursos racistas y estigmatizadores de las personas migradas». Este es el acuerdo que han firmado el Govern, junto con periodistas y partidos políticos. Todos, excepto Ciudadanos, Vox y PP. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha insistido en que el ejecutivo catalán descarta cualquier acuerdo político con grupos «de extrema derecha antidemocráticos», y que, con este compromiso, pretende dejarlos «fuera de la esfera pública».
Para Vilagrà, hay unas «dinámicas intencionadamente destructivas» en determinados discursos, y por este motivo cree que el «peligro del auge del radicalismo es real». En este sentido, ha destacado que «todos los que estamos aquí nos conjuramos para actuar de forma contundente por las malas praxis y las perseguiremos». Su compañera en el ejecutivo, la consejera de Igualdad, Tània Verge, ha dejado claro que «señalar colectivos es una práctica fascista» y decía que «la libertad de expresión es incompatible con los discursos xenófobos y racistas». En este sentido, la consejera ha cargado contra los partidos que no han firmado este compromiso, Vox Ciudadanos y PP: «no estar aquí hoy quiere decir lo contrario».
Desde el Govern también consideran que la cooperación con los medios de comunicación es «imprescindible» para conseguir este objetivo. Y por este motivo, hoy han firmado también el acuerdo el Colegio de Periodistas de Cataluña, el Sindicato de Periodistas de Cataluña y el Grupo de Periodistas Ramon Barnils.
Reforma del reglamento del Parlament
Ya hace unas semanas que ERC tiene en el punto de mira a Vox. Esta misma semana, los grupos parlamentarios de Esquerra y la CUP registraron una proposición de ley para reformar por la vía rápida el reglamento del Parlament para parar en la cámara los «discursos de odio» de Vox. En el texto, se recoge que los diputados «no pueden incurrir en el discurso de odio o intolerante ni incitar a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología u origen, condición social, etnia, lengua, discapacidad o cualquier otra».
También se quieren fijar los criterios para valorar si se produce este discurso de odio. Así, por ejemplo, se tendrán en cuenta «las intenciones identificables del orador», la «percepción de la intervención del público» y si se perjudica la reputación del Parlament. Y también se deja claro que un diputado que incurra en este tipo de discursos puede provocar que la presidencia de la Cámara lo llame al orden o incluso expulsarlo del hemiciclo. Y otra cuestión que incluye el redactado: el diputado que no firme el compromiso de tolerancia cero ante la discriminación, como los parlamentarios de Vox, no podrán ser escogidos por los órganos del Parlament, ni tampoco podrán ser ponentes ni formar parte de delegaciones oficiales.
Pero la formación republicana no se para ahí. En marzo, ERC presentó un «compromiso antifascista» por el que pretende que el resto de formaciones políticas se comprometan a no pactar, ni tampoco aceptar los votos de formaciones que «promuevan discursos de odio» para conseguir la alcaldía. A este compromiso se adherirán todos los alcaldables republicanos, que, a su vez, lo presentarán a los candidatos de otros partidos. En el documento no se cita explícitamente a ninguna formación a la que vetar, pero los republicanos, durante la presentación de este manifiesto, sí denunciaron determinadas actitudes de Vox, Valents, Ciudadanos o el PP.
«Censurar y multar»
Desde Vox, su portavoz parlamentario, Juan Garriga, recuerda que «los mismos partidos que dieron el golpe de estado; los que pisotean diariamente los derechos de la oposición, como en nuestro caso, que nos impiden presentar propuestas legislativas; los que discriminan a los que hablan español y fomentan el odio a nuestra patria común, España, no quieren que se diga la verdad en esta cámara». Por todo ello, decía, pretenden «censurar y multar» para que no se diga en el Parlament cuestiones que avalan los datos de la propia administración catalana. Garriga ponía como ejemplo, «que la inmigración en Cataluña, siendo el 15 % causa la mayoría de los delitos de la calle; que no se diga la nacionalidad de los agresores sexuales; que no denunciemos que existen mafias extranjeras que se decían a delinquir en nuestra región y que no denunciemos que el islamismo es un peligro para nuestra sociedad».
Para Vox, lo que busca el Govern es «silenciar» al partido que más le fiscaliza, y así lo demuestra, dicen, que sea la formación que más preguntas a dirigido a las direcciones de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Concretamente han sido 250, el 95 % del total. También destacan desde Vox que ha sido su grupo parlamentario el que más preguntas por escrito ha registrado para el Govern: más de cinco mil, un tercio de las registradas. Y también ha sido Vox el que más solicitudes de información y documentación ha pedido: más de 1.100, un 60 % del total.
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