El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), y el primer secretario del PSC, Salvador Illa (d), se saludan a su llegada para firmar un acuerdo de Presupuestos 2023 en la Generalitat, a 1 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de Pere Aragonès (ERC) ha llegado a un acuerdo con el PSC para desbloquear la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023. Los ejes del pacto son: Potenciar el desarrollo económico de Tarragona, garantizar la ejecución de los trabajos para completar el corredor Mediterráneo y la continuidad del proyecto del Hard Rock, mejorar la movilidad del comarcas como el Vallès Occidental y el Baix Llogrebrat, que contemplan la ejecución de la carretera B-40, y la "modernización" del aeropuerto del Prat o el Cercanías de Renfe.
01 FEBRERO 2023;BARCELONA;CATALUNYA;CATALUÑA;ARAGOBES;FIRMA
Lorena Sopêna / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
01/2/2023

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador IllaEuropa Press

El laberinto catalán

El PSOE firma 21 pactos con Junts y ERC para copar el poder en las administraciones comarcales catalanas

El PSC de Salvador Illa trabaja con el objetivo de que cuando Aragonès no tenga más remedio que adelantar las elecciones autonómicas dada su escuálida bancada en el Parlament, ellos ostenten el máximo poder territorial

Uno de los sueños frustrados del nacionalismo catalán siempre ha sido hacer desaparecer las provincias de Cataluña por considerarlas propias de la estructura administrativa española y, por lo tanto, ajenas a Cataluña. En 1987 Pujol aprobó una ley de ordenación territorial que dividía Cataluña en 41 comarcas y 8 veguerías; una especie de provincias que agrupaban a diversas comarcas. La división comarcal de Cataluña data de la Segunda República cuando la Generalitat republicana encargó al geógrafo Pau Vila la creación de una nueva estructura territorial para Cataluña. Cincuenta años más tarde Pujol resucitó –de forma nada inocente– las comarcas con el objetivo de minar el poder de los socialistas, que ejercían de contrapeso a su presidencia, mediante una importante implantación territorial y la titularidad de la mayoría de las alcaldías de grandes ciudades catalanas.
Los consejos comarcales se eligen mediante una fórmula parecida a la diputación, de forma indirecta contabilizando tanto los votos obtenidos como el número de cargos electos en cada comarca. Al ganar peso el número de electos indistintamente del tamaño de la población, dado que el pujolismo era hegemónico en los pequeños municipios, los consejos comarcales solían estar en manos de CiU y desde la presidencia de dichos consejos Pujol podía maniatar a los alcaldes de izquierdas de las grandes ciudades.
Fue el propio Pujol –ávido de competencias y dinero para la Generalitat pero cicatero con los municipios y sus comarcas– el que provocó el fracaso de sus nuevas administraciones al ahogarlas económicamente. Actualmente, las 41 comarcas catalanas tienen un presupuesto total de 686 millones de euros y administran servicios delegados por los municipios o la Generalitat como transporte y comedores escolares, concesión de algunas ayudas sociales, y poco más. Pero al igual que sucede con otras administraciones de segundo nivel; como las diputaciones, consorcios, etc., son un lugar donde los partidos colocan asesores, complementan salarios y crean estructuras donde actúan con comodidad al no estar en el ojo del huracán de la opinión pública.
Tras las elecciones municipales del 28 de mayo los consejos comarcales han dejado de ser un cortijo nacionalista para ser, también, refugio de socialistas. El PSOE, que tanto ha insistido durante la campaña electoral en que no tiene acuerdos con los independentistas y que solo coincide con ellos en votaciones, gobierna en los consejos comarcales de mayor presupuesto de Cataluña junto a los independentistas. Además, en la mitad de ellos ha llegado a pactos para gobernar; ya sea con ERC en 7 administraciones, con la puigdemonista Junts en 11 gobiernos comarcales, e incluso en 3 de ellos ha firmado un pacto tripartito con los dos: ERC y Junts.
En los consejos comarcales de las capitales de Tarragona y Lérida –el Tarragonés y el Segriá– los socialistas han cerrado pactos de gobierno junto con los de Puigdemont. Asimismo, el pacto entre el partido del prófugo expresident y el del partido de Pedro Sánchez alcanza la comarca del Bajo Llobregat; el cinturón sur de Barcelona con grandes ciudades como Cornellá, El Prat o Gavá. Además, el pacto entre los independentistas unilateralistas y los socialistas incluye comarcas como el Garraf (Villanueva y Geltrú), Bajo Penedés (el Vendrell), Alto Penedés (Villafranca del Penedés), Anoia (Igualada), la Segarra (Cervera), el Montsiá (Amposta), Las Garriguas (Borjas Blancas) y el Alto Campo (Valls).
Con el partido de Rufián, Aragonès y Junqueras los socialistas han cerrado acuerdos en Urgel (Tárrega), Ribera de Ebro (Mora de Ebro), la Tierra Alta (Gandesa), el Bajo Ebro (Tortosa), La Alta Ribagorza (Pont de Suert), El Pallars Jussá (Tremp) y el Ripollés (Ripoll).
Los socialistas, no satisfechos con pactos a un lado y otro del independentismo, ha conseguido lo aún más difícil al cerrar tres pactos tripartitos con los dos partidos separatistas –enemigos irreconciliables entre ellos– en tres comarcas muy pobladas como son el Vallés Occidental (Sabadell-Tarrasa), el Vallés Oriental (Granollers) y el Bajo Campo (Reus).
El PSC de Salvador Illa trabaja con el objetivo de que cuando Aragonès no tenga más remedio que adelantar las elecciones autonómicas dada su escuálida bancada en el Parlament –solo 32 escaños de 135– ellos ostenten el máximo poder territorial con el fin de alcanzar la presidencia junto a los Comunes de Colau y el apoyo de ERC. Así, reeditarían un tripartito como el que gobernó Cataluña entre 2003 y 2010, con frutos políticos como el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña o el Pacto del Tinell que institucionalizó el cordón sanitario contra el PP.
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