El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el primer pleno del Congreso de la XV Legislatura de este martes

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el primer pleno del Congreso de la XV Legislatura de este martesEFE

Cataluña

Defensores del bilingüismo arremeten contra la imposición de las lenguas en el Congreso: «Es una sinrazón»

  • Las entidades que defienden el bilingüismo recuerdan que en Cataluña no se respetan los derechos de los castellanohablantes

  • Impulso Ciudadano pide información sobre el coste de la publicación en medios europeos de una carta de Pere Aragonès defendiendo la inmersión

«Lo del Congreso es un triunfo para el nacionalismo, porque basa su estrategia y su identidad nacional y su diferenciación en la lengua. Y les hemos dado esa herramienta, un valor increíble, porque lo que une a todos los españoles por encima de todo, es nuestra lengua y cultura». Así se ha referido la presidenta de la Asamblea por una Escuela bilingüe, Ana Losada, respecto a que en el Congreso ya se pueda hablar catalán, vasco o gallego, aunque ello implique el uso de pinganillos para que los diputados puedan entender lo que se está diciendo.
Para Losada, esto es mostrar una «realidad que no existe», porque esos diputados que usan el pinganillo, «fuera del Parlamento van a usar el castellano». Y esto, añade la presidenta de la AEB, es «la sinrazón y la desesperación para los que pedimos igualdad de derechos lingüísticos». Losada considera que con la imagen que se ha dado en el Congreso, es como si se «hubiera resquebrajado un puzle».
Y considera que esta situación se produzca en el ámbito de una negociación «para conseguir siete votos para una investidura, es mucho más miserable». En este sentido, lamenta que el Gobierno haya dado este paso, no para reconocer la realidad plurilingüística, «sino para conseguir esos votos y que el PSOE se mantenga en el poder. Esto es ansiar el poder por encima de todo», incluso por encima de los intereses de todos los españoles, añade Losada.

Sánchez y «las balas» de la división

Y el problema, recuerda la presidenta de la AEB, es que no se ha pedido como contrapartida «que se respeten los derechos lingüísticos en las comunidades autónomas donde los están vulnerando». Por este motivo, Losada considera que el Gobierno es el «hazmerreír» en Europa, «la misma Europa a la que tenemos que recurrir para que envíen una misión para controlar cómo se excluye el castellano de la educación en Cataluña, van y les piden que introduzcan de golpe tres lenguas oficiales; y oiga, que lo pago yo de mi bolsillo, que necesito los votos del independentismo y el nacionalismo».
Losada se pregunta qué habrán pensado los ministros que se reunían con José Manuel Albares, cuando les «ha presentado como primer tema de la agenda, el tema de la lengua, y cuando hay problemas de inflación, de inmigración, la guerra de Ucrania. En fin, es algo tan egoísta» lamentaba la presidenta de la AEB., que considera que todo es un «despropósito» y que «las cosas no pintan bien, porque si se usan las lenguas como una herramienta de división, la escopeta ya está cargada y las balas las ha dado Pedro Sánchez».

La carta de Aragonès

Precisamente para convencer a los países europeos para que se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el presidente de la Generalitat publicó una carta en varios diarios europeos: Público (Portugal), La Reppublica (Italia), Table.Media (Alemania) y Nacional (Croacia). En ella, defendía el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, porque el catalán es la lengua de cohesión de la sociedad catalana.
Desde Impulso Ciudadano han pedido explicaciones a Transparencia sobre el coste de la gestión y la publicación de esta carga en esos medios internacionales, y, sobre todo, si se ha pagado con dinero público. «Esperamos que una institución constitucional española no lo haya pagado con el dinero de todos nosotros», dicen desde la entidad.
Además, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha enviado una carta a estos medios en los que se ha publicado la misiva de Aragonès, en la que les explica que, según datos de la Generalitat, más del 55 % de la población tiene como lengua materna el castellano y menos del 35 % el catalán; también que ambas lenguas son oficiales en Cataluña, y, por lo tanto, «debieran tener parecido tratamiento en sus instituciones y administraciones, pero no es así. Los políticos nacionalistas han diseñado y aplican un proceso de sustitución lingüística que pretende reducir el uso del castellano».
Domingo recuerda algunas de las políticas que lleva a cabo la Generalitat, como la inmersión lingüística en las escuelas; o el hecho de que sea el catalán la lengua de uso prácticamente único en las administraciones catalanas. Por ese motivo, el presidente de Impulso ciudadano lamenta que Aragonès «apele a un falso victimismo para conseguir la oficialidad del catalán en Europa».
También recuerda en la carta que esta petición que hace el Gobierno se debe a «las exigencias de los partidos nacionalistas con los que se está negociando la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Lo anterior no tiene solamente relevancia política, sino también jurídica. El gobierno español en funciones, vulnerando lo que establece la Ley del gobierno, ha llevado a cabo una iniciativa política de enorme calado, como es la solicitud de modificación del Reglamento lingüístico de la Unión Europea. Esta ilegalidad podría contaminar también la legitimidad de la resolución que pudiera adoptar el Consejo».
Y nos y puede obviar, añade esta carta, que «la UE es una comunidad de Derecho y el respeto escrupuloso a 2 los procedimientos es uno de los principios esenciales del funcionamiento de sus instituciones». En este sentido, José Domingo también denuncia «la instrumentalización espuria» que el nacionalismo catalán pretende hacer del uso oficial del catalán y que es «contraria a los principios fundamentales de la Unión Europea».
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