Carles Puigdemont se dirige a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo
Junts apoyará los decretos de Sánchez si impone sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017
El grupo liderado por Puigdemont considera que los decretos orquestados por Sánchez, y que necesitan su apoyo, ponen en peligro la ley de amnistía
Tras el 'no' rotundo de Junts a los decretos de Sánchez llega la condición para apoyarle. El partido liderado por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha condicionado su apoyo a una serie de sanciones a las empresas que escaparon de Cataluña como consecuencia del procés en el año 2017.
El diputado de Junts Josep Rius ha afirmado que exigen a Sánchez «que a las empresas que vuelvan se les aplique incentivo fiscal, y a quien no, sanciones». Aunque recalca: «La posición de Junts a estas horas es que nuestro voto será contrario».
Así lo ha asegurado el portavoz de Junts en una entrevista en Ser Cataluña, aunque lo que quiere la formación, asegura, es que «aquel decreto que aprobó el PP se revierta». Se refiere al decreto que facilitó el cambio de sede social de las empresas. De hecho, Rius considera «inaudito» que aún siga en vigor, teniendo en cuenta que «lo que buscaba era perjudicar a la economía catalana».
Y a partir de aquí, Josep Rius ha dejado claro que lo que se busca es dar incentivos fiscales, como por ejemplo, pagar menos del impuesto de sociedades, a aquellas empresas que se mantuvieron en Cataluña en pleno proceso independentista y a las que vuelvan.
Pero Junts no se queda ahí porque pretende que se sancionen «a las pocas», según el portavoz de la formación, que no quisieran volver. Y lo justifica en que «somos un partido de obediencia catalana y lo que queremos es que aquellas empresas que tengan su actividad mayoritaria en Cataluña, tengan su sede social en Cataluña».
No es la primera vez que la formación independentista ha puesto esta medida encima de la mesa. Ya lo hizo hace unos meses, y entonces, desde el Gobierno y también los dirigentes del PSOE, la rechazaron al considerar que no se podía aplicar porque no tenía ningún respaldo jurídico.
Sí es cierto que en el acuerdo de investidura al que llegaron socialistas y Junts, se recoge la posibilidad de facilitar el retorno de las empresas que se fueron de Cataluña. En concreto, se dice que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
Un acuerdo que, por cierto, recibió con entusiasmo la patronal Foment del Treball que prefiere guardar silencio ante la propuesta de Junts, aunque desde la entidad aseguran que no apuestan ni por ofrecer bonificaciones para las que vuelvan, para no discriminar a las que decidieron quedarse, ni para aplicar medidas sancionadoras a quienes decidan no hacerlo.
De forma más clara se ha pronunciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que considera que lo que pretende Junts «se llama regulación en vena o se llama comunismo». Lo ha hecho en unas declaraciones a RNE, en las que ha dejado claro que las empresas «tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran». Además, ha dejado claro que las que decidieron dejar Cataluña no lo hicieron «por placer», sino porque «no les quedaba otro remedio».
«Brindis al sol»
En la misma línea se ha pronunciado el catedrático de economía de la universidad San Pablo CEU Rafael Pampillón, quien deja claro que multar a las empresas «no tiene visos de realidad jurídica y no le ampara ninguna ley». No solo eso, sino que una medida de este tipo «va en contra de la unidad de mercado, o de la libre circulación de personas y de capitales». De hecho, ha recordado el caso de Ferrovial, que decidió dejar España y marcharse a Holanda y el Gobierno «no pudo multarla».
Pero es que para el catedrático, la propuesta de Junts va «en la dirección contraria a lo que pretende», porque lo único que conseguirá, asegura, es crear más inseguridad jurídica, que otras empresas «se espanten» ante este «espíritu intervencionista» y acaben instalándose en otras partes de España o de Europa. De ahí que lo considere un «brindis al sol».
Lo cierto es que desde octubre de 2017 han sido casi 9.000 empresas, cuyas ventas superan los 56 mil millones de euros, las que han abandonado Cataluña, sobre todo en los años álgidos del proceso independentista. Son datos de Informa D&B. Y la mayoría, trasladaron su sede social a Madrid, aunque otras comunidades autónomas se vieron beneficiadas. Es el caso de Valencia. Allí se trasladó La Caixa o el Banco Sabadell, en este caso a Alicante. Hacia la capital de España se fueron Naturgy, Abertis, Colonial o Cellnex, entre otras.
Resulta curioso el interés que muestra Junts porque estas empresas vuelvan a Cataluña, teniendo en cuenta que desde el independentismo se ha minimizado el impacto que ha tenido esta fuga. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en el Parlament que era el Gobierno de España el que había introducido «tensión» en la sociedad catalana, hasta el punto de que hubiera «gente angustiada y espantada».
Y también dejó claro que la «violencia gratuita» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social «habían enturbiado el ambiente». Eso sí, consideraba que el perjuicio económico más grande para Cataluña, más que la marcha de esas empresas, era «los 17.000 millones de euros» que la comunidad aporta cada año al Estado. En definitiva, al llamado «déficit fiscal».
Humillar a las empresas
Desde el ámbito político, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, dice que lo que hay que plantear es por qué se fueron esas empresas, básicamente «por el temor a perder el mercado en el resto de España». Y el problema, añade en declaraciones a El Debate, es que «todas ellas sufren el miedo a la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que lleva el procés, por eso no piensan volver».
Pero, según Carrizosa, el problema es que «esas causas siguen existiendo» y la gestión del presidente del Gobierno lo que está provocando es que se traslade esa inestabilidad al resto de España. Por este motivo, advierte que propuestas de este tipo «reafirman a las empresas a no volver, e incluso a trasladarse a países más confiables de lo que ahora es España».
Para el portavoz parlamentario de Vox, Juan Garriga, eso es lo que pasa «cuando estás en menos de golpistas». Y considera «inaudito» que se pretenda sancionar a las empresas que «huyeron legítimamente del caos, del infierno fiscal en Cataluña y de la inseguridad jurídica». En definitiva, ha añadido, que se quiera multar «a quien quiso sobrevivir a la presión del golpismo separatista».
Por otro lado, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, considera que «tras hacerles la vida imposible a las empresas hasta obligarles a irse, el separatismo no descansa en amargarles la vida, ahora para que vuelvan. Sería una medida bolivariana y estalinista». Pero en cualquier caso, considera que el objetivo final no es que vuelvan, sino «castigarlas y humillarlas por haberse ido».
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