Campaña de la CUP para defender el uso del catalán
La CUP impulsa una campaña para denunciar a los comercios que no rotulan en catalán
De momento, ha presentado 120 denuncias ante la Agencia Catalana de Consumo
Señala con fotografías a los establecimientos denunciados
La CUP ha puesto en marcha una campaña para denunciar a aquellos comercios de Barcelona que no rotulan en catalán, y, por lo tanto, según los antisistema, «no respetan la ley de política lingüística». De entrada, han presentado ante la Agencia Catalana de Consumo 120 denuncias, contra establecimientos que tienen algunos de sus carteles en español o en inglés.
La formación ha anunciado la campaña en sus redes sociales, y lo ha hecho señalando, puesto que no ha dudado en colgar fotos de algunos de los establecimientos denunciados, y que según la CUP, «participan de los procesos gentrificadores y elitizadores de la ciudad, no en pequeños comercios de subsistencia».
La campaña, como no, se ha llevado a cabo con el asesoramiento de la llamada ONG del catalán, de Plataforma per la Llengua, y la CUP la justifica porque es «un grito de alerta ante el hecho de que el catalán está viviendo un proceso de suplantación lingüística favorecido por establecimientos comerciales que optan por utilizar exclusivamente otras lenguas».
La formación antisistema basa sus denuncias basándose en lo que establece el artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística, por el que «La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán».
Aumento de las multas lingüísticas
Hay que tener en cuenta que la Generalitat ha multiplicado por cinco la cantidad recaudada por multas lingüísticas desde 2019. En el último año prepandemia recaudó unos 25.000 euros, y en 2021 fueron 123.000. Y en 2022 la Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat, impuso 63 sanciones frente a las 18 que impuso en 2021.
Fue en 2010, cuando se aprobó la ley del Código de Consumo de Cataluña, que daba validez legal a las multas lingüísticas. Gobernaba en la Generalitat el tripartito formado por PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Aunque eso mismo año cogió el relevo al frente del gobierno catalán Artur Mas, y fue entonces cuando las sanciones empezaron a interponerse, algo que no había sucedido prácticamente en los meses anteriores. Desde entonces, la Generalitat ha multado a unas 1.500 empresas a las que ha sancionado con multas por valor de más de 1,1 millones de euros.
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