Rull ya ha enviado las invitaciones para conmemorar en el Parlament la consulta ilegal del 9-N

El nacionalismo catalán pretende mantener vivos sus mantras, y más teniendo como presidente del Parlament a Josep Rull, estrechamente vinculado con Carles Puigdemont y que estuvo procesado y condenado a diez años y seis meses de prisión por sedición, de los cuales solo cumplió tres años, hasta que fue indultado.

Rull ha enviado ya la invitación para conmemorar el décimo aniversario del primer referéndum ilegal, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. El acto se celebrará en el Parlamento de Cataluña el próximo 19 de noviembre, a las 18,30 horas. En la invitación que ha hecho llegar Josep Rull a los invitados se puede leer que la consulta «derivó en condenas por desobediencia y prevaricación para Artur Mas y sus consejeros».

Referéndum ilegal

El 9 de noviembre de 2014 todos los catalanes estaban llamados a ejercer su derecho a votar, en un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. El titular de la papeleta decía «consulta sobre el futuro político de Cataluña 2014». Si uno marcaba la casilla del NO quedaba clara su decisión. Y votar NO era no estar de acuerdo con la pregunta «¿quiere que Cataluña sea un Estado?». Si se votaba SI había una segunda pregunta «¿quiere que este Estado sea independiente?». A ello se podía votar afirmativa o negativamente.

El Tribunal Constitucional, a instancias del gobierno de Mariano Rajoy, suspendió aquel referéndum, con lo cual quedó ilegalizado cualquier resultado. Sin embargo, a pesar de todo, acudieron 2,3 millones de catalanes a votar. El 80% votó a favor de la independencia de Cataluña.

Este resultado, que se tergiversó, estaba relacionado con la situación económica que estaba viviendo España. La gran recesión de 2008 a 2014 influenció en esa toma de decisión, al venderse la teoría, inventada por el abogado Alfonso López Tena, de que «España nos roba». Si Cataluña fuera independiente, el catalán viviría mejor. Y ante una situación de crisis, la gente compró el relato. Cuando la recesión disminuyó, proporcionalmente también lo hizo el partidario al independentismo. Esto se ha repetido históricamente en España desde el siglo XIX, por poner solo un ejemplo.

Condenas al gobierno de Mas

Terminado el referéndum ilegal la Fiscalía General del Estado inició procedimientos legales contra los inductores del proceso. Esto es, Artur Mas como presidente de la Generalidad de Cataluña, Joana Ortega como vicepresidenta, e Irene Rigau como consejera de Educación, al permitir que los centros escolares abrieran sus puertas y se convirtieran en colegios electorales.

En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Artur Mas a 2 años de inhabilitación, por desobediencia al Tribunal Constitucional y a 36.000 euros de multa. La vicepresidenta Joana Ortega la condenaron a 1 año y 9 meses de inhabilitación y a la consellera Irene Rigau a 1 años y 6 meses.

En julio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó aplicar la Ley de amnistía a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. En su escrito afirmaba que «declarar que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña no resulta de aplicación a las condenas que les fueron impuestas».

La resolución concluía que «en este caso, la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de las penas impuestas representa un óbice insuperable para hacer aplicación de los efectos de la amnistía». Y recordaba que «el tiempo en que fue publicada y alcanzó vigencia la L.O. 1/2024, de amnistía, ya no existían antecedentes penales pendientes de cancelación, pues habían quedado cancelados con anterioridad y por transcurso de los plazos que se establecen en el art. 136.1 b) y c) del Código penal».

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas y a otros acusados del 9N a devolver 4,9 millones más intereses gastados en la consulta ilegal celebrada en Cataluña en 2014. La cifra final supera los 5,2 millones, según la Abogacía del Estado. En la sentencia concluía que «el acusado señor Mas en cuanto que presidente de la Generalitat, no sólo no efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el 9 de noviembre, sino que conjuntamente con las acusadas señoras Ortega y Rigau, actuaron conscientes de que con ello se contravenía lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en contra de la consulta».

A la consellera Irene Rigau el Tribunal le reclamó 2,8 millones de euros, por la adquisición de 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación. Al consejero de Presidencia Francesc Homs le pedía 1,9 millones de euros «por la pertinaz actuación del acusado, que impulsó todo aquello que resultaba necesario para su ejecución y, paralelamente, omitió las actuaciones que le eran exigibles y que, de haberlas adoptado, habrían permitido dar cumplimiento a lo proveído por el Tribunal Constitucional».

A la vicepresidenta Joana Ortega le reclamaron 865.764 euros por el registro de la página web institucional y otras decisiones como la ampliación del seguro a los voluntarios o la compra de soporte informático. Finalmente a Jordi Vilajoana se le reclamó 203.468 millones de euros.

A Artur Mas se le embargó el piso de propiedad de la calle Tuset de Barcelona, para hacer frente a parte de la deuda. El piso estaba valorado en 1,2 millones de euros. En octubre de 2017 Artur Mas aportó al Tribunal de cuentas 2,2 millones de euros para cubrir parte de la fianza reclamada. El dinero procedía de la llamada caja de resistencia creada por la Asamblea Nacional de Cataluña para sufragar las multas de los condenados por el procés.