El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda
El cupo catalán haría perder a Galicia el equivalente a dos años de prestaciones en dependencia
El presidente de Galicia ha advertido de que este pacto bilateral «pone en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia»
Las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo tienen consecuencias para todo el país. La mayoría de comunidades se han revelado —incluso Asturias gobernada por el PSOE— contra la denominada como financiación singular de Cataluña o cupo catalán. La Xunta de Galicia ha elaborado un informe en el que advierte de las graves consecuencias que esto traería para la comunidad.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el estudio este lunes donde subrayó que, con este acuerdo con el independentismo, «Galicia dejaría de ingresar el equivalente al coste de dos años de las diferentes prestaciones relacionadas con la dependencia». De esta manera, «se constata que la situación pone en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia».
El informe lo ha realizado la Consejería de Hacienda y organismos como Fedea o el Foro Económico de Galicia, y todos coinciden en que el impacto de la salida de Cataluña del actual sistema de financiación supondría para la Comunidad gallega una pérdida de recursos de más de 600 millones anuales, «lo mismo que los presupuestos de las consejerías de Medio Ambiente y Cambio Climático y Economía e Industria juntas», puso como ejemplo Rueda.
Por lo tanto, tal y como ha defendido Rueda, el acuerdo bilateral de financiación singular para Cataluña constituye por sus características un auténtico sistema de cupo que rompe con los sistemas de financiación establecidos hasta la actualidad, copiando el sistema de concierto vasco en el que cada comunidad recauda todos los tributos pagados en su territorio y aporta al Estado central una parte en concepto de cueste de los servicios prestados en ella por la Administración central, el cupo. La Administración central perdería, por lo tanto, sus capacidades de redistribuir los recursos tributarios, garantizando un reparto equitativo entre los territorios, suponiendo un coste económico similar al coste de cinco años de transporte escolar.
El Gobierno gallego apunta a que este acuerdo, lejos de asegurar la solidaridad e igualdad del conjunto de la población, implica cambiar un sistema de financiación basado en las necesidades de gasto, por otro que gira en torno a la capacidad recaudatoria. El informe incide en que la aplicación de la nueva propuesta sería perjudicial para la mayoría de las CC.AA., y daría lugar a un sistema de financiación autonómica en el que los ciudadanos de las regiones con más capacidad fiscal tendrían mejores servicios que los de las regiones con menor capacidad tributaria. Por lo tanto, generaría, segundo apuntó Rueda, un país con «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».
La propuesta contenida en el acuerdo rompe con los principios de igualdad, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad que garantiza la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y supondría la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo que pone en riesgo tanto la gestión tributaria como la persecución del fraude fiscal, como denunciaron de forma reiterada las asociaciones de inspectores de Hacienda.
Además, la Xunta ha aprovechado para pedir al Gobierno que recapacite ya que el actual modelo de financiación autonómica está superado y no se ajusta a las necesidades de gasto de la comunidad gallega, y sostiene que la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) tiene que negociarse con todas las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
