La empresa Molins de cemento y construcción
Empresas
El regreso de Cementos Molins a Cataluña cierra un conflicto familiar en el seno de la empresa
El gobierno catalán espera que su ejemplo cunda en muchas otras empresas, pero este año se recogieron los peores datos de salida de compañías desde 2018
Detrás de las miles de salidas de empresas de Cataluña hay siempre una difícil decisión personal de los directivos que tuvieron que dar ese paso para salvaguardar sus intereses, los de sus accionistas -en el caso de las empresas cotizadas- y de sus clientes.
Muchos fueron los casos que terminaron con sesiones muy tensas de los consejos de administración y con salidas de algunos de sus directivos de referencia. No estuvieron exentos ni los grandes bancos, como el Sabadell o Caixa Bank, que cambiaron de sede huyendo del corralito y para evitar quedar fuera de la Zona Euro, como demuestra la salida de Jaume Giró de la entidad presidida, en aquel momento, por Isidre Fainé.
Cementos Molins fue una de las muchas empresas –todas las cotizadas, excepto Grifols– que se mudaron, en este caso de Sant Vicenç dels Horts a Madrid, donde a lo largo de estos siete años ha tenido dos sedes distintas. Molins es una empresa familiar, con el 20% de sus acciones cotizando en bolsa y el resto repartido entre tres facciones familiares: los Molins Amat, los Molins López Rodo y los Molins Gil.
Burguesía catalana
Los Molins son una de las grandes familias de la burguesía catalana. Joaquim Molins Amat, fallecido en 2017, fue portavoz de CiU en el congreso. Su primo Joaquín Molins López Rodo fue decano de la facultad de políticas de la UB y contrario al Procès.
El consejo de administración de Molins celebrado el 20 de octubre de 2017, once días después de la declaración de independencia unilateral de Puigdemont, acordó su salida de Cataluña, pero esta decisión fue recurrida judicialmente por la familia Molins Amat, que, a pesar de que perdió en primera instancia, recurrió la decisión judicial y aún está pendiente de fallo.
El acuerdo del consejo de volver la sede a Cataluña permite cerrar un conflicto que empezó ya a vislumbrase cuando en la última junta general, celebrada el pasado 1 de julio, se nombró nuevo consejero delegado a Marcos Cela en substitución de Julio Rodríguez.
La decisión del consejo de Molins fue notificada mediante comunicación firmada por su presiente, Juan Molins Amat, a la CNMV y permite devolver a Cataluña la sede de una empresa con una facturación de 1.349 millones de euros, una plantilla de 6.300 personas y con presencia en Europa, Asia y América.
Molins es la empresa más grande que ha vuelto a Cataluña desde 2017, antes lo habían hecho otras como Red Point o Laboratorios Ordesa, aunque el resto de cotizadas de origen catalán, como Naturgy, Cellnex y Occident, u otras grandes empresas como Codorniu, la sociedad anónima más antigua de España, no han dado señales de querer regresar.
Contexto político
Aunque la decisión de Molins debe enmarcase más en un contexto interno de empresa que de contexto político o económico, a nadie escapa que la decisión de Molins llega unos días después de que Jordi Pujol afirmará en un acto en Castellterçol que Cataluña no sería independiente «en los próximos 15 o 20 años».
Los dirigentes empresariales catalanes como el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, así como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Economía, Alicia Romero, han realizado manifestaciones celebrando la decisión de Molins, y haciendo votos para que esta decisión abra la puerta a otros muchos regresos.
Sin embargo, la realidad es que el primer semestre de este año, según datos del Colegio de Registradores, arrojó el segundo peor dato de salida de empresas de Cataluña desde 2018, con un saldo negativo de 248 salidas frente a 142 llegadas. Desde 2017 más de 10.000 empresas han cambiado su sede de Cataluña a, principalmente, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, y en menor medida a Andalucía, Aragón y otras CC.AA.
Desde Empresaris de Catalunya, su presidente, Josep Bou, considera que «si bien en 2017 los motivos eran de seguridad jurídica y de temor a quedar fuera de la zona euro en caso de que se consumara la independencia, actualmente los motivos son tanto de tipo fiscal como de complejidad normativa que dificultan la inversión y la encarecen frente a otros territorios que facilitan la realización de dichas inversiones».
