Un agente de la Policía Nacional, en Barcelona

Un agente de la Policía Nacional, en BarcelonaPolicía Nacional / Europa Press

Cataluña

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional: «Lo del 112 lo vamos a pagar con sangre»

Piden explicaciones a Interior por el cambio repentino de opinión, ante el anuncio del presidente de la Generalitat de pedir para los Mossos más competencias en puertos y aeropuertos

«No sacaré Mossos de la calle para asumir competencias y dar una peor respuesta» o las competencias son «bienvenidas» pero «se tienen que poder ejecutar y darles respuesta con eficacia». Son palabras que pronunció la consejera de Interior, Núria Parlon, hace solo dos semanas, tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña. Todo ello, tras ser preguntada por qué no se había acordado que los Mossos tuvieran el control de puertos y aeropuertos.

Y solo quince días después, en sede parlamentaria, y sin haber cambiado las circunstancias, con el mismo número de efectivos de la policía autonómica, el presidente de la Generalitat ha anunciado que «convocaré una Junta de Seguridad a principios de año para que los Mossos de Esquadra asuman competencias en puertos y aeropuertos». Según Salvador Illa, se da continuidad a un trabajo que tenía ya encarrilado el anterior gobierno de ERC presidido por Pere Aragonès.

La diferencia entre una y otra decisión está en las airadas protestas de los independentistas, en especial de ERC, que ha amenazado al gobierno catalán con no negociar nada más, si no se revertía las decisiones tomadas en esa reunión de la Junta de Seguridad: la integración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 112 y que los Mossos asuman más competencias.

En cualquier caso, las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional ya tenían la mosca detrás de la oreja cuando se lanzó un primer globo sonda sobre esa posibilidad, que la policía autonómica estuviera en los puertos y aeropuertos. Sin embargo, hace solo dos semanas se rechazó esa posibilidad. Aun así, este cambio de opinión no extraña tampoco a los agentes destinados en Cataluña.

«Nos lo esperábamos, porque los que llevamos aquí toda la vida, sabemos cómo funciona esto. Pero por qué hace quince días se dijo una cosa, y ahora saltan con otra. Y con todo seguridad, saldrá adelante». Son declaraciones a El Debate de Alfonso Merino, portavoz de la AUGC en Cataluña, que lamenta que «ha sido meternos en el 112, poner el grito en el cielo los partidos independentistas, y ceder». Recuerda que desde Interior dijeron que «nunca» negociarían puertos y aeropuertos y ahora este tema «está a la vuelta de la esquina».

El problema añade, es que la Guardia Civil quedará seriamente «afectada», porque son muchos los efectivos que se destinan a estas instalaciones. «Están dejando morir» al Instituto Armado en Cataluña, lamenta Merino, quien también señala que el Gobierno «nos está haciendo un flaco favor echando una mano a los independentistas» que desde hace tiempo quieren «expulsar» al cuerpo de esta comunidad autónoma. Por todo ello, concluye: «el 112 lo vamos a pagar con sangre».

Por otro lado, un agente de la Policía Nacional destinado en Barcelona, ha explicado a este diario que «desde luego no se ha calculado cuántos policías pueden perder su trabajo ni saben dónde los van a trasladar». Y reconoce que muchos agentes «están muy nerviosos» tras el anuncio de Salvador Illa, entre otras cosas, porque hay «familias con niños ya escolarizados» y muchos tienen la vida organizada en Cataluña. También nos asegura que hay mucha «indignación», porque una medida de este calibre la debería comunicar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los policías afectados, que deberían ser «los primeros» en enterarse, en lugar de recibir noticias por parte del presidente de la Generalitat.

Desde el SUP también piden a Interior «una aclaración urgente» sobre esa posible cesión de competencias a los Mossos, y «hasta dónde llega el acuerdo que hace una semana negaba la consejera de Interior en Cataluña por no contar con presupuesto suficiente para la asunción de esas competencias». El sindicato considera que, de concretarse esa posibilidad, «sería otro empujón» para expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de esta comunidad autónoma.

También deja claro que la Policía Nacional «no puede ser usada continuamente como moneda de cambio» en este tipo de acuerdo, y recuerda el SUP que debe cumplir con su función «sin injerencia política para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana tal y como establece nuestra Constitución».

Pero más allá de esta cuestión, alerta el sindicato que si se cede también en esto, se pone «en riesgo» otros ámbitos, como la prevención, la persecución de delitos graves de ámbito transnacional o incluso la cooperación internacional. Y todo ello, recuerda, incluye «delitos tan graves como el terrorismo, la trata de seres humanos, tráfico de personas y el crimen organizado». De ahí que el SUP considera un «sinsentido» una decisión de este calibre, teniendo en cuenta que la eficacia y la rapidez de actuación son imprescindibles.

Sea como fuere, la presión de los independentistas ha surtido efecto. Junts y ERC han acusado al gobierno de Salvador Illa y al propio presidente de la Generalitat de querer «descatalanizar» y «españolizar» a los Mossos de Esquadra, de permitir la «invasión» de competencias por la puerta de atrás, o de considerar a Cataluña como una «colonia». Y todo ello, porque la Generalitat aceptó que la Policía Nacional y la Guardia Civil formaran parte del sistema de emergencias de Cataluña.

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