Carles Puigdemont y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras

Carles Puigdemont y su portavoz en el Congreso, Míriam NoguerasEFE

Cataluña

Los expertos advierten: ceder las fronteras catalanas abriría una oportunidad para las mafias y los terroristas

Además de las consecuencias a corto plazo, se teme la inconstitucionalidad de la medida y sus efectos con un gobierno de obediencia separatista

Un mes y medio. Es el plazo que se marcan desde Junts para arrancar al Gobierno el traspaso «integral» de las competencias de inmigración a Cataluña, según advertía este domingo el secretario general de los postconvergentes, Jordi Turull: «Ahora ya no valen excusas». De materializarse, sería un nuevo paseíllo para los de Carles Puigdemont, que la semana pasada se jactaban de hacer posible lo que «decían que era imposible», en relación al troceo del decreto ómnibus.

Las negociaciones entre ambos partidos son constantes, ahora con la carpeta de inmigración como principal caballo de batalla para los independentistas catalanes. Turull y Santos Cerdán –secretario de organización del PSOE– comieron el viernes para reconducir las relaciones entre las dos formaciones, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió hace unos días que la negociación está «avanzada».

El punto crítico en la disputa entre ambos partidos es el control de las fronteras, que Junts pretende que se convierta en una competencia exclusiva de los Mossos d’Esquadra. Una cesión que tiene difícil encaje en la Constitución, ya que la Carta Magna es tajante a la hora de reservar la inmigración y la extranjería como competencias exclusivas del Estado.

No en vano, cabe recordar que en 2010 el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, con la sentencia del Estatuto de Autonomía en la que señaló este traspaso como «claramente inconstitucional», ya que esta es una materia «reservada». También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha venido insistido una y otra vez en que la cesión del control de fronteras que exige Junts es una «línea roja», pero parece que esta barrera se ha ido difuminando.

La fórmula en la que trabajan los negociadores de Moncloa para vender este traspaso es –tal y como se recogía ya en el documento firmado entre Junts y Pedro Sánchez hace más de un año– ampararse en el artículo 150 de la Constitución. A falta de ver el texto final, la supuesta delegación de competencias se pondría en marcha a través de una ley orgánica específica para Cataluña, lo que requiere una mayoría absoluta en el Congreso.

Jordi Turull y Carles Puigdemont

Jordi Turull y Carles PuigdemontEuropa Press

Esta solución pone en alerta a los expertos. «Hasta ahora, se ha entendido que el artículo 150.2 sólo permite transferir competencias ejecutivas es decir, de gestión, y no las legislativas», señalaba el catedrático de Derecho Constitucional Águstín Ruiz en declaraciones a El Español. El mismo medio recogía también el punto de vista del profesor de esta materia Víctor Soriano, que advierte de que las competencias cedidas según este artículo «deben ser territorialmente acotables, como Tráfico o Prisiones. Y la inmigración no lo es».

Una brecha para las mafias

Más allá de la cuestión del encaje constitucional, los expertos advierten de otros riesgos derivados de una hipotética cesión de la soberanía estatal al cuerpo de policía autonómico de Cataluña. En el corto plazo, este movimiento supondría un agujero de seguridad que podrían aprovechar las redes de delincuencia organizada internacional, según señala el director de los estudios de Criminología y Seguridad en la Universidad Abat Oliba CEU, Francisco Villacampa.

«Es difícil que los Mossos puedan asumir estas competencias en el corto plazo, porque ellos tienen una gran preparación en las áreas en las que desarrollan sus actividades, pero de la noche a la mañana no pueden convertirse en expertos en un tema tan complejo como el control de las fronteras», señala Villacampa, advirtiendo de que esta situación de interín llevaría probablemente a una «carencia» en la seguridad nacional que aprovecharían los criminales.

«Los terroristas o las redes de inmigración irregular y trata de seres humanos saben cuándo las policías no están preparadas, y lo aprovechan para llevar a cabo sus actividades delictivas», señala. Cabe recordar que Cataluña lleva décadas liderando el ránking español de detenidos en operaciones antiyihadistas, una tipología de delito muy ligada a la porosidad de las fronteras.

Actualmente, la seguridad en las fronteras catalanas se reparte entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que asumen estas tareas en colaboración con las diferentes organizaciones europeas, ya que Cataluña, como toda España, forma parte del límite sur del espacio Schengen. Un control que en el caso de la Guardia Civil implica tierra, mar y aire: el Instituto Armado, por ejemplo, controla el límite de 12 millas que separa el mar territorial de las aguas internacionales en el Mediterráneo.

«Los Mossos no tienen patrulleras, ¿se quedarán las de la Guardia Civil?», se pregunta Villacampa, como una más de las dudas a nivel operativo que le genera esta hipotética cesión, muy delicada por cuanto afecta a una cuestión «nuclear» para el Estado. «La cesión significaría la asunción en relativamente poco tiempo de competencias difíciles, y cambiar, como quien dice, las reglas del juego a mitad del partido puede resultar peligroso», comenta.

Por su parte, el analista de El Debate Joan López recordaba este domingo un punto más a considerar, tal vez el más importante: a nadie se le escapa el impacto futuro de la medida en caso de que en Cataluña deje de gobernar un partido de obediencia española y recuperen la Generalitat los independentistas.

Nadie duda –escribe López– de que el resultado final del procés secesionista o de las movilizaciones violentas de Tsunami Democràtic habría sido muy diferente «si una policía a las órdenes del gobierno catalán hubiera controlado puntos estratégicos, hasta el extremo de poder cerrar la entrada o salida de personas por puertos, aeropuertos y carreteras», como busca ahora Junts.

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