La relación errática de Puigdemont con el Gobierno siembra el desconcierto dentro y fuera de Junts

Una comitiva de empresarios de alto nivel de la patronal catalana viajó el pasado jueves a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont. La delegación iba encabezada por el presidente de la Unión Patronal Metalúrgica, Jaume Roura.

Se trata de una de las principales organizaciones adheridas a la delegación catalana de la CEOE, Foment del Treball. Roura es, además, un hombre muy próximo a su presidente, Josep Sánchez Llibre: no en vano, compartieron militancia en Unió Democrática de Catalunya.

Junto a Roura giró visita el presidente del Consell de Gremis de Cataluña, Joan Guillen. El objetivo de la misión no era otro que intentar sacar el agua clara sobre cuál será la postura de Junts en la votación sobre el decreto de la reducción de jornada a 37,5 horas.

En el mundo empresarial, tras la posición que mantuvo Junts en el Congreso en materia de vivienda y con el recargo fiscal a las energéticas, creían que los siete diputados de Puigdemont eran un uno fijo en su quiniela y que en la práctica habían vuelto a los tiempos de CiU, pero tras el pacto exprés del decreto ómnibus se encendieron todas las alarmas.

Puigdemont había anunciado, solemnemente, la ruptura de relaciones sectoriales con el PSOE hasta que «las carpetas de los grandes temas como el catalán en Europa, la transferencia a Cataluña de las políticas de inmigración y la amnistía estuvieran cerradas», pero la realidad es que 48 horas más tarde estaba negociando con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán para pactar el contenido del decreto ómnibus.

El mismo que un viernes amenazaba con elecciones, a los pocos días iba reforzado a una reunión negociadora porque llevaba, también, un mandato del PNV, que tenía por único objetivo meter en el decreto la cesión del palacete parisino que alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.

Desconcierto en Junts

Dentro de Junts reina el desconcierto porque todas las decisiones importantes las toma un grupo muy reducido. Solo el secretario general del partido, Jordi Turull, y la portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, están informados en todo momento de las decisiones de Puigdemont.

La desorientación de los cuadros del partido independentista es absoluta porque, además, Puigdemont en ocasiones es muy locuaz, con largas comparecencias de prensa e hilos en X, pero luego puede imponer un cerrojo informativo que se prolonga durante días.

Dentro y fuera del partido no son pocos los que creen que Puigdemont lleva mucho tiempo en el extranjero y que eso le resta perspectiva de la situación real en Cataluña. El pleno del parlamento catalán de esta semana también vivió situaciones contradictorias en relación a las votaciones de Junts.

La bancada de los posconvergentes apoyó un decreto del gobierno catalán que retiraba las multas a los municipios que habían gastado más agua de la permitida durante el periodo de sequía. ERC y los Comunes quieren tener la paella por el mango en la relación con Illa y advirtieron a este, desde la tribuna parlamentaria, que no aceptarían la geometría variable.

Oxígeno para Sánchez

El cambio de actitud de Junts es un balón de oxígeno para Sánchez y cuestiona la política del PP tendente a acercarse a Junts para hacer así la pinza al Gobierno. Félix Bolaños atendió el jueves a RAC1, la emisora líder en Cataluña, para proclamar a los cuatro vientos que «la negociación sobre inmigración avanza».

También dijo que la amnistía, si fuera por el Gobierno, «ya se habría aplicado en su totalidad, pero hay pendientes recursos en el Tribunal Supremo, uno de ellos del propio Puigdemont, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

El ministro de la Presidencia, que no goza de buena relación con la cúpula de Junts, no quiso dejar pasar la oportunidad de ser servil al máximo con ellos y aprovechó la entrevista en la emisora del Grupo Godó para afirmar que «el Gobierno trabaja con intensidad para lograr la oficialidad del catalán en Europa».

En la Moncloa lanzan las campanas al vuelo. Creen que Puigdemont ya ha mostrado su juego y que siempre lleva su apuesta al límite, pero nunca se levanta de la mesa. Los estrategas monclovitas creen que tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en Barcelona el 26 de febrero, los de Puigdemont se sentarán a negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Para la Moncloa el síntoma más claro de los límites de presión a los que les puede someter Junts se manifiesta en la rebaja del tono de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, que en una semana pasó de ser una exigencia innegociable a contener la expresión «considerar la oportunidad».

Turull ha matizado el alcance de su proposición no de ley al afirmar que «no es una moción al uso, no tiene vinculación jurídica». De repente Junts parece incómoda con la idea de sumar sus votos a los del PP y Vox.

Cesión de las fronteras

Tan seguros de sí mismos están en la Moncloa que se han permitido enfriar la inminencia de la cumbre entre Sánchez y Puigdemont. Los innumerables asesores del presidente se están rebañando los sesos para ver como pueden justificar, dentro de la Constitución, la cesión del control de fronteras a la Generalitat de Cataluña.

El tema es muy delicado, ya que más allá de la constitucionalidad nadie duda que el resultado final del intento de asalto del aeropuerto o del control de las calles que el independentismo llevó a cabo en octubre de 2017 con el fin de hacer triunfar su intentona de separación unilateral hubiera sido distinto si una policía a las órdenes del gobierno catalán hubiera controlado puntos estratégicos, hasta el extremo de poder cerrar la entrada o salida de personas por puertos, aeropuertos y carreteras.

A Sánchez este extremo parece importarle poco, lo único importante es que Junts no se aparte de la mayoría de la investidura.