Sindicatos de Mossos aseguran que es «inasumible» tener más competencias: falta tiempo y agentes

Pedro Sánchez y Salvador Illa dependen de los partidos independentistas para poder gobernar. Y ellos, Junts y ERC, han pedido que los Mossos de Esquadra asuman aún más competencias en Cataluña, en unas tareas que ahora corren a cargo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y en ello están los socialistas y separatistas, negociando todas estas cuestiones.

Por un lado, se pide que la policía autonómica asuma el control de puertos y aeropuertos. Los independentistas pusieron el grito en el cielo porque en la última reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña se había acordado la incorporación del CNP y de la Guardia Civil en el 112, el sistema de emergencias de Cataluña. Tal fue la presión, que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que a principios de este año iba a solicitar una nueva reunión de la Junta para exigir ese traspaso.

Luego está el control de fronteras. En este caso es Junts quien más aprieta. Quieren el traspaso de competencias en materia de inmigración y tiene que ser «integral», apuntan. Eso quiere decir control fronterizo, expedición de NIE y órdenes de expulsión. Amenazan, una vez más, con no apoyar, por ejemplo, el reparto de menores migrantes si el Gobierno no se aviene a aceptar esta cuestión.

Lo cierto, es que la consejera de Interior, Núria Parlon, lo dejó muy claro: «no sacaré Mossos de la calle para asumir competencias y dar una peor respuesta» o las competencias son «bienvenidas» pero «se tienen que poder ejecutar y darles respuesta con eficacia». Así justificaba que no se hubiera pedido para la policía autonómica el control de puertos y aeropuertos. Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró que se estaba trabajando para ampliar la plantilla de Mossos y alcanzar los 25.000 efectivos.

¿Pueden los Mossos asumir todas estas competencias? ¿Están en condiciones de hacerlo con garantías? Rotundamente no. Es lo que dicen a El Debate algunos agentes en privado, pero también sindicatos de la policía autonómica, como es el caso de USPAC. Albert Palacio, su portavoz, nos ha explicado que «es completamente inasumible», al menos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales.

Nos explica que primero, «se debería formar a esta gente nueva con cursos para que fueran especialistas y poder hacerlo igual de bien que Policía Nacional y Guardia Civil para no hacer ridículo». Pero no solo falta tiempo. También falta personal. Asegura Palacio que es «mentira» que se pueda llegar a la cifra de 25.000 agentes de los Mossos, porque dentro de unos 7 u 8 años, precisa, prácticamente la mitad del cuerpo estará en segunda actividad. ¿Qué quiere decir esto? Según Palacio, en caso de llegar a ese número de policías, «15.000 ó 12.000 no podrán hacer trabajo policial, por lo tanto, es inasumible».

Por todo ello, el portavoz de USPAC lo tiene claro: «dejémonos de tonterías de competencias nuevas inasumibles a día de hoy y miremos dónde falta gente, dónde faltan recursos, dónde falta material para dar una buena respuesta al ciudadano». Hay municipios en que la plantilla de los Mossos está bajo mínimo y también hay unidades que están trabajando con lo justo. Es el caso, nos dice Palacio, de las unidades de investigación. Aquí harían falta medio millar de agentes investigadores. «Lo primero sería solventar lo que tenemos y después hablemos de asumir competencias nuevas, pero haciéndolo bien».

Según explicaba ElCaso.cat, la División de Investigación Criminal debe asumir los casos más complejos, pero está absolutamente colapsada. Y, a la práctica, ha obligado a las Unidades de Investigación a asumir casos que no les corresponderían, como es el caso del crimen organizado o agresiones sexuales.

Control de fronteras

Y luego está la cuestión legal y si la Constitución permite el traspaso del control de fronteras. En este punto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que la Carta Magna es como El Quijote, porque «todos hablan de él, pero nadie lo ha leído». Y defiende que, lo que piden, se «adecúa» al marco jurídico.

En este punto toman la palabra los policías nacionales y los agentes de la Guardia Civil. De entrada, nos aseguran que hay un absoluto secretismo por parte del Ministerio del Interior y de la Jefatura. Solo van escuchando declaraciones de unos y de otros, y lo que está provocando esta situación es una «intranquilidad absoluta» entre los agentes y sus familias, porque no saben cómo va a acabar todo y si van a tener que ir haciendo sus maletas y marchar de Cataluña.

Pero más allá de la cuestión personal, explican los agentes de la Policía Nacional, es este cuerpo el que tiene las competencias exclusivas en extranjería, y está regulado por una Ley Orgánica. Y eso incluye la expedición de documentación, de permisos de residencia, de trabajo o de estudios; además de control de pasaportes, entradas y salidas a todos los países de la Unión Europea; investigación de trata o tráfico de falsedad documental. En definitiva, nos dicen, «todo lo relacionado con extranjeros, ya sean comunitarios o extracomunitarios».

La clave está, apuntan, en saber cómo lo van a regular. Y ahí los sindicatos policiales y los equipos jurídicos estudiarán cada línea para saber si se incumple la Constitución. Los agentes consultados creen que, para ceder esas competencias a los Mossos, tendría que hacerse con otra Ley Orgánica y, en cualquier caso, habría que analizar «cómo lo enfoca y si va en contra de la propia Carta Magna».

Y más allá de cuestiones legales, los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil ponen otra cuestión encima de la mesa. Si finalmente los Mossos acaban asumiendo extranjería y el control de puertos y aeropuertos, a la práctica eso supondría la «desaparición del Estado en Cataluña». «¿Qué pasaría si se volviera a repetir otro 1 de octubre con estas condiciones?», se pregunta un agente. Recuerdan que ahora gobierna el PSC, pero no es descartable que dentro de pocos años puedan volver a la Generalitat partidos independentistas. Y la propia ERC ya ha dejado claro, por boca de Oriol Junqueras, que su objetivo es que, efectivamente, el Estado desaparezca de esta comunidad autónoma y se fija como objetivo para el 2031 una «mayoría amplia y sólida» a favor de la independencia.