El Govern acuerda con todas las izquierdas, con ERC, Comuns y la CUP regular el alquiler de temporada

El Govern ha llegado a un acuerdo con el bloque de izquierdas, con ERC, Comunes y la CUP para regular el precio del alquiler de temporada, tras pactar tramitar el decreto de medidas urgentes de vivienda como proyecto de ley. Todo ello se ha producido durante la reunión convocada por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, con representantes de los partidos políticos para «negociar el decreto de vivienda».

Entre otras cuestiones, se contempla la figura de un inspector de vivienda que tendrá competencias para «verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones». También se ha acordado una prórroga de las viviendas con protección oficial que estén situadas en las consideradas como zonas tensionadas.

Un acuerdo que llega a última hora, solo unas pocas horas antes de que se vote en el Parlament el decreto de medidas urgentes en materia de viviendas. Las medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas, una vez que el decreto que se apruebe este miércoles se tramite como proyecto de ley. Lo que ha hecho el PSC es asegurarse los votos necesarios para que prospere esa votación.

También se modificará la ley de vivienda para que el alquiler de temporada no tenga la misma consideración que el permanente. Y se establece que se considerará una vivienda de temporada aquella que esté destinada a «usos recreativos, turismo, o por temporada de vacaciones», sea o no de verano. Se tendrá que hacer constar en el contrato el lugar de residencia permanente de los arrendatarios.

También se hace una definición lo que es un «contrato de fraude». Se considerará así aquel que, de manera intencionada, «incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable».

Satisfacción en las izquierdas

Desde ERC su portavoz en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que están satisfechos con el acuerdo y ha destacado que ahora son «muchos más» que hace un año, aunque ha señalado que siguen trabajando para garantizar la vivienda como un derecho fundamental. «Es un paso más para detener la picaresca y a los que se han saltado durante mucho tiempo la limitación del precio del alquiler a través del alquiler de temporada», ha asegurado durante una comparecencia.

David Cid, de los Comunes, confía en que el proyecto de ley se pueda aprobar antes de julio. Y ha destacado que se trata de un «acuerdo de máximos». Aseguran que las movilizaciones sociales han hecho que «el Partido Socialista entienda que es necesario entender la vivienda como un derecho y no como un negocio, y, por tanto, poner freno a la especulación y todos aquellos que intentan hacer fraude con la regulación de precios».

Desde la CUP dicen que no quieren «apropiarse» del pacto, aunque lo consideran un gran logro, mientras que en el PSC, Ferran Pedret, ha asegurado que este es «un buen acuerdo, que da respuesta a una preocupación social muy extendida». «Había algunas vías de fuga por las cuales el capital especulativo podía encontrar una brecha para eludir regulaciones y, por tanto, nos parece que es bueno y es necesario proceder a esta regulación», ha precisado.