Ninguno de los periodistas que fueron al notario en «descargo» de García Ortiz contrastó con el abogado del novio de Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha tomado declaración, este viernes, a los cuatro últimos testigos que estaban citados en el marco de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de los cuatro periodistas de El País que afirman haber sabido que Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– tenía la intención de admitir dos delitos tributarios a cambio de un acuerdo con la Fiscalía, antes de que el titular de la misma, Álvaro García Ortiz, tuviera conocimiento de ello.

No obstante lo anterior, durante su interrogatorio judicial, los trabajadores del rotativo del Grupo Prisa –que hace unos días acudieron a un notario en «descargo» de García Ortiz– han declarado que ninguno de ellos contrastó con el abogado del novio de Ayuso la información que había llegado a sus oídos, aunque sí han apuntado que intentaron ponerse en contacto con Carlos Neira.

Así las cosas, la Abogacía del Estado solicitó su citación tras aportar al procedimiento el acta notarial que «recoge y autentica el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados por» dichos periodistas con el abogado Carlos Neira, quien el 2 de febrero de 2024 envió el correo en el que proponía que González Amador reconociera dos delitos a cambio de un acuerdo con la Fiscalía; es decir, el e-mail por el que se investiga al máximo dirigente del Ministerio Público. Un correo al que, sin embargo, ninguno de ellos tuvo acceso como tal.

Uno de los comunicadores ha señalado que fue una fuente de las Fiscalía Provincial de Madrid la que le proporcionó el nombre del letrado, y que aunque intentó llamarle, no le contestó. También ha relatado que el día antes de la publicación de la nota de prensa el departamento de prensa del Ministerio Público, ni le confirmó, ni le desmintió la información. En este contexto –y a preguntas del magistrado Hurtado– ha aseverado que «el entorno de Ayuso no quiso revelar nada» en ningún sentido.

Por su parte, otra de las empleadas de El País han manifestado que nunca se llegó a contrastar con el abogado Neira si se habían cometido dos delitos o si la pareja de la presidenta madrileña había solicitado en efecto activar el la vía del pacto de conformidad, o si había pagado los importes correspondientes a las regularizaciones derivadas de la diferencia de criterio detectada por Hacienda, en relación con la actividad empresarial de González Amador.

Según han insistido en todo momento, la fuente no era la Fiscalía General del Estado ya que la información la tenían el 12 de marzo, a las 13.30 horas; es decir, 31 horas antes de que García Ortiz reclamara el cruce de correos entre la defensa y el Ministerio Público para llegar a un acuerdo.

También han hecho referencia a que podrían aportar nuevas conversaciones de mensajería, relativas al asunto del procedimiento, con las que demostrar que , al mismo tiempo, contactaron con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la noche del 13 de marzo.

La Abogacía del Estado pidió al magistrado que citara a dichos periodistas al considerar que el acta notarial es «especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales» por parte de González Amador y su abogado «era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte» del fiscal general.

Con la práctica de esta última diligencia testifical se precipita la posibilidad de que el juez Hurtado dé por finalizada la instrucción y resuelva la misma con un auto de transformación a procedimiento abreviado para los dos coimputados, García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.