El juez del Supremo afea a la Abogacía que defiende a García Ortiz sus preguntas impertinentes para algunos testigos

Este viernes, se darán cita en el Supremo los últimos testigos aceptados por el juez instructor Ángel Hurtado en el marco de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de los periodistas afines al Gobierno que, la semana pasada, aportaron una declaración ante notario en «descargo» de García Ortiz.

Sin embargo, en las dos últimas comparecencias testificales que se han seguido por este asunto, a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, el magistrado se ha visto obligado a intervenir para declarar «improcedentes» alguna de las preguntas formuladas. En concreto, durante la declaración del propio querellante y perjudicado, el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador y de su fiscalista, el abogado Carlos Neira.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, en el primero de los casos, el juez instaba al letrado público a reservarse las cuestiones para hacerlas al letrado Neira, que estaba citado este mismo martes, en sede judicial; mientras que, una vez este segundo estuvo en Sala, también se volvió a producir una llamada de atención al respecto del tono y el enfoque del interrogatorio dirigido hacia Neira por parte de la Abogacía.

Las mismas fuentes confirman a este diario que se «aferaon» bastantes de las preguntas formuladas por el abogado del Estado que habría llegado a cuestionar si Neira «ha estado alguna vez imputado», con la intención de «valorar su credibilidad» como testigo, cuando quien está siendo investigado no es el letrado fiscalista sino, precisamente, el fiscal general del Estado al que representa la Abogacía.

A medida que el procedimiento se aproxima al cierre de la fase de instrucción que, según apuntan todos los indicios recabados, se transformará en un procedimiento penal abreviado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, se ha ido recrudeciendo la estrategia procesal de los letrados públicos que intentan, por todos los medios, lograr el archivo del asunto.