Los socialistas prohibieron a la Guardia Civil detener a Puigdemont, según una nueva investigación

Una reciente publicación revela instrucciones contradictorias entre cuerpos de seguridad durante la breve aparición del expresidente catalán en Barcelona el pasado agosto. La obra «La fugida», firmada por la periodista de sucesos Mayka Navarro junto al detective y penalista Paco Marco, expone testimonios de fuentes policiales que arrojan nuevas sombras sobre la jornada del 8 de agosto.

Según recoge la investigación y ha publicado The Objective, miembros de la Benemérita recibieron directrices explícitas desde la Delegación gubernamental en territorio catalán para abstenerse de cualquier intervención si localizaban al líder independentista antes de su llegada a la capital catalana. Estas instrucciones limitaban su actuación a informar a superiores, vetando expresamente su identificación o arresto.

El diseño operativo generó perplejidad entre los propios agentes. Las directrices oficiales, curiosamente, evitaban mencionar al político fugado, justificándose exclusivamente en garantizar el pleno de investidura de Illa programado para ese día.

El entonces responsable policial autonómico, Eduard Sallent, concentró recursos en el perímetro parlamentario, anticipando únicamente un escenario: la intención del expresidente de acceder al hemiciclo. Una estrategia que desatendía otras posibilidades que finalmente se materializaron.

La cadena de mando para ejecutar la detención también atravesó momentos conflictivos. Las reuniones preparatorias evidenciaron reticencias entre algunos mandos para protagonizar el arresto, mientras otros cargos sí mostraron disposición. El contexto preelectoral añadía presión adicional sobre decisiones profesionales potencialmente comprometedoras para futuras aspiraciones.

Tras múltiples encuentros sin consenso claro, inicialmente se designó a los intendentes barceloneses Fernández Barbeito y Tello como responsables del arresto, decisión posteriormente modificada en favor de agentes de paisano. Finalmente, el propio Sallent interrumpió su periodo vacacional para asumir personalmente esta responsabilidad.

La denominada «Operación Jaula», activada en su nivel máximo, colapsó las salidas metropolitanas sin conseguir la captura del político, quien días después regresaría a Bélgica.