La Fiscalía retira la acusación contra la antigua cúpula de Salud por el retraso en la vacunación de policías en Cataluña

La Fiscalía ha retirado este lunes la acusación contra la exconsejera de Salud de la Generalitat Alba Vergés y los principales responsables del departamento durante la pandemia por el supuesto retraso en la vacunación contra la covid-19 de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. El Ministerio Público había solicitado inicialmente doce años de inhabilitación para los cuatro acusados por un presunto delito de prevaricación.

La decisión se ha conocido durante la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, donde la fiscal ha comunicado la retirada de la acusación contra Vergés; el que fuera secretario general de Salud, Marc Ramentol; el exsecretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el entonces director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. La Fiscalía no ha explicado los motivos de este cambio de criterio.

Pese a ello, el procedimiento continúa impulsado por las acusaciones populares. El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil mantienen su petición de quince años de inhabilitación para los cuatro exresponsables de Salud y también para el exdirector de Servicios Xavier Rodríguez. Otras organizaciones personadas en la causa, como el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) o la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) han rebajado sus peticiones a doce años de inhabilitación y han retirado la acusación contra Rodríguez.

Durante el juicio, iniciado el pasado 30 de junio, tanto Vergés como el resto de los ex altos cargos han rechazado haber discriminado a los agentes de los cuerpos estatales en el proceso de vacunación. Su defensa ha sostenido que el retraso respondió a factores técnicos y organizativos, entre ellos la tardía recepción de los censos de efectivos, la petición de Policía Nacional y Guardia Civil de vacunarse en sus propias dependencias y la suspensión temporal del uso de la vacuna de AstraZeneca acordada por el Ministerio de Sanidad en marzo de 2021.

En su declaración ante el tribunal, Alba Vergés aseguró que nunca dio la orden de paralizar la vacunación de los agentes y defendió que la Generalitat aplicó en todo momento los criterios acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, priorizando la inmunización por grupos de edad y de riesgo cuando se reanudó la administración de AstraZeneca.

En la misma línea se pronunciaron Josep Maria Argimon, Marc Ramentol y Adrià Comella, quienes defendieron que las decisiones adoptadas respondieron exclusivamente a criterios sanitarios y epidemiológicos. De hecho, los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que coordinaron la campaña de vacunación en Cataluña declararon durante el juicio que la relación con la Generalitat fue «fluida» y que existió colaboración para resolver las incidencias que fueron surgiendo durante el proceso.